Tras confirmarse el asesinato de Blanca Esmeralda Gallardo, madre de Betzabé Alvarado Gallardo, quien se encontraba en calidad de desaparecida desde el 2021, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), condenó los trágicos hechos en los que le arrebataron la vida a la madre buscadora, ya que con base en lo expuesto por la misma fuente, el ataque fue perpetrado por personas que portaban armas de fuego durante la madrugada del 4 de octubre del año en curso, en la colonia Villa Frontera de la ciudad de Puebla.
A través de un comunicado detallaron que de acuerdo con datos obtenidos por la ONU-DH, Blanca Esmeralda “habría proporcionado en distintas ocasiones información relevante acerca de la desaparición de su hija, la cual no fue retomada efectivamente en la investigación del delito”. En medio del peligro por la búsqueda de respuestas y a raíz de la denuncia y la información brindada a la Fiscalía General del Estado de Puebla y a la Comisión Estatal de Búsqueda, aseguraron que la víctima no contaba con medidas de protección.
Ante tal escenario, se pronunció el Representante en México de ONU-DH, Guillermo Fernández-Maldonado, quien afirmó que “este caso, prácticamente un mes después del asesinato de la señora Rosario Lilián, es un nuevo doloroso recordatorio del alto riesgo y desprotección en que muchas familiares de personas desaparecidas se ven obligadas a realizar labores de búsqueda y exigencia de justicia”.
“Es impostergable que México cuente con una estrategia efectiva para garantizar seguridad a quienes buscan a sus seres queridos. Nos sumamos a las expresiones de la sociedad mexicana que considera inadmisible y contrario a sus valores que, tras la desaparición de un familiar, quienes exigen justicia y su localización con vida, tengan además que enfrentar agresiones, descalificaciones y, en algunos casos, asesinatos”, agregó Fernández Maldonado.
Por lo anterior, señaló que tras la misión oficial a México del Comité contra la Desaparición Forzada (CED) es esencial recordar al Estado Mexicano “su obligación de prevenir y sancionar las acciones que criminalizan, intimidan, persiguen y estigmatizan a las personas desaparecidas, sus familiares o las personas que los acompañan”.
Además, pidieron a las autoridades mexicanas “reconocer el papel de las víctimas y atender debidamente sus necesidades de atención y protección” y “asegurar de forma prioritaria la realización de análisis de riesgos de colectivos y familiares involucrados en procesos de búsqueda, investigación y acompañamiento a las víctimas de desaparición, así como una respuesta rápida y efectiva a los incidentes de seguridad.”