Tapachula, Chiapas.- Integrantes de la cooperativa de Transportes Corbán se manifestaron frente a la delegación regional de la Secretaría de Movilidad y Transporte, para solicitar la intervención de las autoridades, a fin de que se investigue y se dé solución a la denuncia contra la transportista Beatriz Rivera Domínguez, al no reconocer esta, la compra de la cesión de derechos de 19 concesiones.
Los declarantes, Hilda Vázquez Reyes, Fernando Gálvez Santiago y Abenamar de León Pinto, indicaron que Beatriz Rivera Domínguez, quien, según ella, se ostenta como presidenta vitalicia de la cooperativa en mención comercializó y recibió el dinero por el otorgamiento de unas concesiones, pero que hoy se niega a reconocer que no tiene ninguna influencia sobre estas.
Al respecto, Hilda Vázquez Reyes dijo que hace 6 años compró los derechos de un colectivo de la ruta Unidad Administrativa Centro a Beatriz Rivera, por lo cual pagó 800 mil pesos en la cesión que fue notariada, además señala que entregó 325 mil pesos más porque le fue vendida la promesa de una nueva concesión en otra cooperativa donde el gobierno otorgaría nuevas concesiones, pero Rivera Domínguez no cumplió y tampoco ha querido regresar el dinero.
Por su parte, Fernando Gálvez Santiago quien junto con sus compañeros establecieron una nueva cooperativa que él preside, expresó que esta situación de incertidumbre, no les permite hacer sus pagos ante la Secretaría de Hacienda y en consecuencia no pueden renovar las unidades, por lo que pidieron la intervención de las autoridades para solucionar con apego a la ley este conflicto.
Así también, Abenamar de León Pinto expuso que requieren que la autoridad haga un deslinde y se otorgue el pleno derecho sobre las concesiones que les fueron cedidas, asimismo que el gobierno reconozca sus derechos porque hay documentos notariales que sustentan que se dio dinero por ellas, mientras que la otra parte se defiende con el argumento que a ella le entregaron las concesiones, pero omite señalar que las vendió a miembros de este grupo.
Señalaron que, físicamente tienen las placas y los colectivos trabajando, pero se les pretende quitar esos derechos a través de ilegalidades, por ello acudieron al gobierno para que se impida nuevas acciones ilegales de parte de Beatriz Rivera.
Finalmente, reconocieron que Beatriz Rivera inicialmente administraba las concesiones que había vendido, pero por retrasos en los pagos mensuales condicionaron para que ellos recuperaran físicamente las placas y decidieran directamente trabajar las unidades.