Diputadas y diputados federales analizarán primero en comisiones y luego en el pleno una iniciativa de reciente creación encaminada a abatir la corrupción electoral durante las precampañas, pero también a respetar el principio constitucional a ser votado.
La propuesta reformaría la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, para que se obligue a cualquier precandidata o precandidato a entregar su informe de ingresos y gastos de precampaña en tiempo; y en caso de no hacerlo e ir encabezando las preferencias del voto en la consulta interna sería sancionado con hasta 542 mil 852 actualmente o con hasta 5 mil UMAS en el futuro.
Actualmente la ley señala que en el caso de no entregar dicho informe, la o el aspirante pierde el derecho a ser registrado como candidato o, en su caso, si ya está hecho el registro, sera cancelado, pero que esto contraviene el derecho de todo ciudadano y ciudadana a ser votado.
Los Parlamentarios promoventes de la iniciativa señalan que el castigo a cualquier transgresión debe ser equiparada al dolo.