La secretaria General de la Cámara de Diputados, Graciela Báez Ricárdez, dio a conocer que la titular de la Secretaría de Gobernación, Luisa María Alcalde Luján, presentó una denuncia de juicio político en contra de Crescencio Contreras Martínez, Juez de Distrito Especializado en el Sistema de Justicia Penal Acusatorio en el estado de Tamaulipas.
Ante diversos medios de comunicación, Báez Ricárdez, explicó que permanecen a la espera de la ratificación de esta denuncia por parte de la Secretaría de Gobernación, ya que así lo indica el procedimiento y tiene un plazo de tres días para hacerlo a partir del 30 de enero.
Detalló que una vez que se ratifique la denuncia, la Secretaría General la remitirá a la Subcomisión de Examen Previo e informará a los órganos de gobierno de este hecho y así, los diputados procederán a analizar el expediente que le fue entregado.
Al referirse a las causas que motivaron esta denuncia de juicio político, la secretaria General de la Cámara de Diputados, indicó que no podía exponerlas, ya que se contienen en el expediente.
Mediante un comunicado, la Secretaría de Gobernación (Segob), en el que confirmaron la demanda de juicio político, argumentaron que “se tuvo conocimiento de probables actuaciones por parte de dicho juez que favorecieron a integrantes de grupos criminales que operan en la frontera norte del país y a través de las cuales se fomenta la impunidad y se niega el derecho a la justicia al pueblo de México”.
En el mismo documento publicado por la dependencia, refirieron que “en la denuncia entregada a la Secretaría General de la Cámara de Diputados se hizo del conocimiento de las y los legisladores federales sobre diversos casos de alto impacto, entre los cuales destaca la liberación de personas pertenecientes al grupo criminal presuntamente vinculado con el reciente secuestro de 31 personas migrantes en Tamaulipas, así como otros actos relacionados con la delincuencia organizada como el tráfico de fentanilo, la posesión de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército y cohecho”.
Fue por eso, señalaron que se presentó una solicitud de juicio político, para que se “investigue y analice la actuación del juez y, en su caso, proceda ante el Senado de la República, el cual deberá determinar sobre su posible destitución”.