Tapachula, Chiapas.- De acuerdo a cifras obtenidas por la organización Impunidad Cero, solo 7 de cada 100 casos de homicidio han sido esclarecidos entre 2016 y 2021, lo que se traduce que la impunidad en este delito de alto impacto acumulada es de 92.8 % en este periodo en el que se consolidó el sistema penal acusatorio en México.
Asimismo, de acuerdo con el capítulo “Impunidad en Homicidio Doloso y Feminicidio 2022”, el año pasado la impunidad en asesinatos a nivel nacional fue de 91.4 %, que representa una disminución respecto al 94.4 % de 2020.
Sobre el feminicidio, la impunidad directa a nivel nacional fue de 45.8 %; es decir, menos de la mitad de los casos registrados han concluido con una sentencia condenatoria desde que se comenzó a operar el sistema de justicia penal y se tipificó el delito gradualmente en los estados.
Los estados con mayor nivel de impunidad acumulada en feminicidio fueron Oaxaca y Tlaxcala, ambos con una impunidad de 100 %, seguidos de Chihuahua, 98.8 %; Colima, 92.1 %; Puebla, 88.7 %; y Morelos, 86.1 %.
La impunidad es la consecuencia de la falta de investigación y castigo de quienes cometen delitos y violaciones a derechos humanos. Según el sector social, la impunidad se debe en gran medida a que las víctimas no denuncian los delitos, ya que no confían en las instituciones por considerar que actúan de forma negligente, o bien porque consideran que es una pérdida de tiempo acudir a la justicia.
Mencionó que los congresos estatales y los de la Unión, deben normar leyes penales efectivas para garantizar la justicia a las víctimas, sin embargo, dejan mucho qué desear en su trabajo legislativo ya que la impunidad es el mayor agravio en nuestro país.
Por su parte, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos dio a conocer factores alcanzar una justicia efectiva como acciones anti impunidad que consiste en medidas que ayuden a fortalecer las instituciones para que investiguen correctamente los delitos; la seguridad sin guerra se refiere a un cambio de modelo de seguridad basado en el retiro de las Fuerzas Armadas de tareas de seguridad pública.
Asimismo, una fiscalía que sirva, es decir, que deben contar con el personal capacitado y presupuesto suficiente, así como áreas especializadas en la investigación de crímenes atroces y delitos de corrupción, entre otros.