De acuerdo a documentos de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) Genaro García Luna, Secretario de Seguridad Pública del Gobierno de Felipe Calderón tejió una red de corrupción y lavado de dinero compuesta por al menos ocho personas físicas y 44 morales.
Quien fuera de los secretarios de mayor confianza de Calderón Hinojosa robó más de 745 millones de dólares del erario nacional, a través de contratos fraudulentos con la Policía Federal, la OADPRS, el Cisen y la Procuraduría General de Justicia capitalina.
Presuntamente el desfalco multimillonario a la Hacienda Pública ocurrió en los sexenios de Calderón cuando las empresas obtuvieron 10 contrataciones y de Enrique Peña Nieto cuando obtuvieron 29 contrataciones ilícitas.
Una vez obtenido el dinero de forma ilegal, este fue triangulado a Barbados un paraíso fiscal, donde se empleó para la compra de propiedades y autos de lujo, actualmente asegurados por las autoridades estadunidenses, acusó el licenciado Pablo Gómez Álvarez, titular de la Unidad, durante la conferencia de prensa el pasado 9 de febrero.
Estos contratos implicaron beneficios económicos para García Luna y sus allegados por 745 millones 879 mil 384.78 dólares (14 mil 171 millones 708 mil 310.82 pesos a un tipo de cambio de 19 pesos por dólar).
la Unidad de Inteligencia Financiera, que depende de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, identificó la red de corrupción de García Luna, la forma de operación, montos y ruta que siguieron los recursos. Concluyendo que el daño a la nación ascendió a más de 745 millones de dólares.
Actualmente García Luna y el resto de personas físicas y morales que integran su red de corrupción se encuentran en la lista de personas bloqueadas.
Desde el 24 de diciembre de 2019 la UIF presentó denuncias ante la Fiscalía General de la República contra quienes participaron en este desfalco, por hechos relacionados con los delitos de corrupción, delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, conocido como lavado de dinero.
El 21 de Septiembre de 2021 se presentó una demanda civil por parte del gobierno mexicano ante el Tribunal Undécimo Circuito Judicial del Condado de Miami-Dade, Florida, con el objetivo de recuperar los activos adquiridos con los recursos extraídos del erario mexicano y que están ubicados en dicho estado norteamericano para así resarcir el daño generado a México. Este proceso civil es independiente al juicio penal al que está sujeto García Luna en Brooklyn, Nueva York”.
Pablo Gómez aseguró que en México los procesos penales siguen su curso y se espera que abarquen también los peculados y contrataciones indebidas cometidos mediante redes de corrupción encabezadas por García Luna durante 20 años, incluyendo del gobierno anterior donde continuó operando la red de corrupción de García Luna, pese a no ser servidor público.