A través de un comunicado, distintas organizaciones de la sociedad civil, como es el caso de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), Mexico Unido Contra la Delincuencia (MUCD), el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), Hasta Encontrarte e Impunidad Cero, entre otras, alzaron la voz en contra de la postura en relación a la militarización, que tomó el Estado en una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Las organizaciones firmantes, reclamaron el que tras denunciar en una audiencia pública los efectos negativos para los derechos humanos derivados de la profundización de la militarización de la seguridad pública en México, recalcando las violaciones graves a los derechos humanos que se han cometido en un contexto de impunidad, aunado a la necesidad de “impulsar acciones esperadas en torno a la desmilitarización, desmantelamiento de redes de macrocriminalidad, la reconstrucción de cuerpos policiales y el fortalecimiento del sistema de procuración de justicia”, el Estado mexicano mostró desinterés ante los alarmantes datos.
Cabe mencionar que se destacó el que al evento llevado a cabo en el marco del 185º periodo de sesiones de la CIDH, únicamente acudió Luz Elena Baños, embajadora ante la Organización de Estados Americanos.
Por lo anterior, expresaron que lamentan el que “frente a la denuncia de violaciones a derechos humanos, el Estado busque retornar a un discurso de guerra contra las drogas que criminaliza y estigmatiza grupos históricamente vulnerados, y que ha tenido como consecuencias cientos de miles de víctimas de desapariciones, ejecuciones, torturas y otras violaciones graves a derechos humanos”.
Incluso, se expuso la preocupación ante las “ expresiones de deslegitimación a la labor de defensa y promoción de derechos humanos nacionales e internacionales y en particular contra la CIDH”.
Dicho lo anterior, solicitaron al Estado mexicano los marcos normativos que rigen a las Fuerzas Armadas, así como las acciones tomadas para la construcción del carácter civil de la Guardia Nacional. También solicitaron la presentación, aplicación y evaluación de planes de desarrollo y profesionalización policial de estados y municipios, además de los mecanismos de regulación y supervisión implementados para el adecuado uso extraordinario de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública.
Hicieron un llamado a las autoridades mexicanas a brindar información en relación a las investigaciones sobre el uso de Pegasus contra personas defensoras y periodistas, aunado a los contratos de la SEDENA para la adquisición de este software.
Las organizaciones, agregaron que es recomendable el que la CIDH haga una petición al Estado para lograr un programa integral “de construcción de paz duradera que incluya el desarme, desmovilización y reinserción social de los hombres y mujeres jóvenes capturados por redes criminales, así como un programa de retiro progresivo de los militares a la par del fortalecimiento de la policía civil”.