Ante una inminente preocupación por el desabasto de agua en una quinta parte del país, la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Marcela Guerra Castillo, consideró que es necesario un diálogo nacional, y es que advirtió que no es posible que 21 millones de mexicanos no tengan garantizado su derecho constitucional a este líquido.
“A pesar de ser un tema de seguridad nacional, en la Cámara de Diputados están pendientes de revisión, análisis y aprobación un importante número de iniciativas propuestas por los grupos parlamentarios; sin embargo, estamos en falta, por lo que es necesario que se avance en la aprobación de la Ley General de Aguas en México, dejando atrás criterios político-electorales, así como otras iniciativas que van en el mismo sentido. La población no busca culpas, sino soluciones”, comentó.
En este mismo sentido, la legisladora enfatizó que es urgente poner un alto al desperdicio de agua. Guerra Castilla, afirmó que más de la mitad del agua para uso agrícola, que consume el 76 por ciento del total que dispone el país, se desperdicia por la deficiente infraestructura.
Explicó que, el Monitor de Sequía de México de la Conagua, establece que hay al menos seis entidades de la República con sequía en el 100 por ciento de su territorio: Aguascalientes, Ciudad de México, Chihuahua, Guanajuato, Querétaro y Sinaloa.
Aunado a esto, la mayoría de las presas del centro-norte del país se encuentran por debajo del 50 por ciento de su capacidad y es la Cuenca de Cutzamala, con sus siete presas: Tuxpan y El Bosque, en Michoacán; Colorines, Ixtapan del Oro, Valle de Bravo, Villa Victoria y Chilesdo, en el estado de México, con apenas el 38 por ciento de almacenamiento.
La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados resaltó la importancia de aprobar iniciativas que atiendan esta problemática que demanda una inversión promedio superior a los 86 mil millones de pesos anuales, durante los próximos ocho años; crear un mercado secundario de aguas residuales para uso industrial, minero y agrícola, y adecuar, a través de un Sistema Nacional de Tarifas, el agua no contabilizada, para dar viabilidad financiera a los organismos operadores.