La diputada Ana Laura Bernal Camarena (PT), comunicó que en el 2021 se cometieron 829 mil delitos de extorsión, de los cuales en 44.8% de los casos se realizó un pago, por lo que propuso reformar el párrafo segundo del artículo 390 del Código Penal Federal, esto con el objetivo de incluir en esta normativa a las personas que desde un centro penitenciario cometan el delito de extorsión, ya que argumentó que el marco legal aún no contempla sanciones por dichos actos.
Aunado a esto, la congresista por Sonora, enfatizó que “los casos de extorsión que se realizan desde los centros penitenciarios representan un grave problema de seguridad nacional” y agregó que “lo más alarmante es que además de ser un grave delito, significa que los reos tienen acceso a teléfonos celulares o cualquier otro aparato para comunicarse hacia el exterior del penal”.
Con base en datos del Informe Anual de Resultados del Comité Especializado de Estudios e Investigaciones, del 2017 al 2018 se identificaron 3.7 millones de llamadas que venían de 7 penales del país, lo que de acuerdo con la legisladora es una clara muestra de los altos niveles de corrupción al interior de los penales, así como el mal funcionamiento de los bloqueadores de señal.
“El uso de la intimidación es uno de los elementos característicos de la extorsión. La amenaza ejercida hace que las personas teman por su integridad física, patrimonial o social, lo que hace ceder ante las exigencias o demandas por parte de los delincuentes. Evitar que estas situaciones continúen sucediendo es motivo suficiente para legislar”, añadió.