La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), declaró a México responsable por la “violación de los derechos a la integridad personal, libertad personal, a las garantías judiciales, a la igualdad ante la ley y a la protección judicial” de dos hombres que permanecieron más de 17 años en prisión preventiva.
Aunado a esto, enfatizaron que el Gobierno de México tiene un año para “dejar sin efecto en su ordenamiento interno las disposiciones relativas al arraigo de naturaleza pre-procesal”, así como para “adecuar su ordenamiento jurídico interno sobre prisión preventiva oficiosa”.
Tras la notificación que recibió el 12 de abril, el Gobierno de México respondió a través de un comunicado, en el informaron que se “limitó el caso al marco fáctico establecido por la Comisión Interamericana en su informe de fondo, desestimando alegatos sobre una posible desviación de poder, en concordancia con la solicitud del Estado”.
En el documento, señalaron que la Corte “determinó medidas de satisfacción, rehabilitación e indemnización compensatoria en favor de las víctimas”, por lo que garantizaron que el “Estado Mexicano analizará con atención los resolutivos de la sentencia emitida por el tribunal interamericano, con el objetivo de estar en condiciones de cumplir con sus disposiciones y asegurar el mayor respeto a las obligaciones contenidas en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, conforme a los compromisos internacionales del Estado y sus procesos democráticos internos”.
Concluyeron reiterando que “la determinación de la Corte Interamericana servirá para orientar al Estado en cuanto a sus acciones para proteger los derechos de las personas privadas de la libertad y que enfrentan juicios frente a autoridades mexicanas”.