La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) destacaron que “los países deben establecer normas para la forma en que se diseña y utiliza la tecnología en la educación de manera que nunca reemplace la instrucción presencial dirigida por maestros y maestras”.
Audrey Azoulay, directora general de la UNESCO, reconoció que si bien existe una revolución digital con un “potencial inconmensurable”, se deben de realizar advertencias sobre su regulación en la sociedad y sobre todo en la educación.
“Su utilización debe ser para mejorar las experiencias de aprendizaje y para el bienestar de estudiantes y docentes, no en detrimento de ellos. Se deben colocar primero las necesidades del alumno y el apoyo a los maestros. Las conexiones en línea no reemplazan la interacción humana”, sostuvo la ya mencionada.
La UNESCO dentro de las advertencias más relevantes, señaló que “distribuir computadoras a los estudiantes no mejora el aprendizaje si los docentes no están involucrados en la experiencia pedagógica” y además, se calificó como lamentable el que “teléfonos inteligentes han demostrado ser una distracción para el aprendizaje, menos de una cuarta parte de los países prohíben su uso en las escuelas”.
Además, se pidió tomar en cuenta que “si bien cada vez es más necesaria la conectividad y el acceso a internet, una de cada cuatro escuelas primarias carece de electricidad, por lo que exhorta a la comunidad internacional a movilizar recursos para conectar a la red a todas las escuelas del mundo para 2030”.
La UNESCO en su informe cuestiona “si la tecnología en la educación es sostenible y suena la alarma con respecto al crecimiento de la inteligencia artificial generativa, aseverando que esto hace imperativa la alfabetización digital y el pensamiento crítico para hacerle frente”.
Finalmente, se hizo énfasis en que el “informe aboga por los derechos de los usuarios puesto que hoy en día los países que garantizan por ley la privacidad de los datos en la educación apenas llegan a un 16%, en tanto que 39 de los 42 gobiernos que brindaron educación en línea durante la pandemia fomentaron usos que pusieron en riesgo o infringieron los derechos de los niños”.