El gobierno de Japón aprobó una reforma radical de su doctrina de defensa con el objetivo de contrarrestar el poderío militar de China, percibido como un “desafío estratégico sin precedentes” para la seguridad del archipiélago.
El gabinete aprobó un plan para aumentar al doble el gasto en defensa, hasta un dos por ciento del PIB de aquí a 2027, una reforma que representa el mayor refuerzo de su política militar en décadas. Además, Japón proyecta unificar la comandancia y aumentar el alcance de sus misiles.
El primer ministro japonés, Fumio Kishida, afirmó estar “determinado a cumplir con su misión de proteger a la nación y sus habitantes en este momento crucial de la historia”.
Aunque estos cambios están respaldados por la opinión pública, se trata de un giro de envergadura para un país cuya Constitución, pacifista, adoptada tras su derrota en la Segunda Guerra Mundial, le prohíbe dotarse de un ejército convencional.
Kishida aseguró que la estrategia de defensa de Japón va a continuar ciñéndose “al marco de su Constitución, del derecho internacional y del derecho japonés”.
Japón quiere dotarse de capacidad de “contraataque”, un concepto que hasta ahora se entendía incompatible con la Constitución y que le permitiría actuar contra amenazas de los países vecinos.