Las fuerzas de seguridad de Perú llevaron a cabo ataques generalizados contra manifestantes con “ejecuciones extrajudiciales” y “uso generalizado de munición letal” a principios de este año, mientras trataban de contener las protestas masivas que comenzaron en diciembre de 2022, según Amnistía Internacional.
El grupo de derechos humanos investigó la muerte de 25 personas que perdieron la vida en las regiones de Ayacucho, Apurímac y Puno entre el 7 de diciembre de 2022 y el 9 de febrero de 2023. En total, 49 civiles murieron durante las protestas.