Las “relaciones de hecho” son aquellas que tienen como característica la convivencia constante y estable; basadas en una relación de afectividad, solidaridad y ayuda mutua. En sesión de la Diputación Permanente, el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional propuso una iniciativa a fin de reformar el Código Penal del Estado de Guanajuato en materia de violencia familiar, cuyo objetivo es incorporar a este tipo penal las “relaciones de hecho”.
La legisladora, Katya Cristina Soto Escamilla, destacó que la violencia ha estado presente en las diversas relaciones humanas, ya sea dentro del matrimonio, en el concubinato, o en las relaciones humanas en las que existen lazos de afecto, solidaridad y ayuda mutua, y esa violencia que se presenta en tales relaciones genera crisis, enfermedades, depresión, indefensión, discapacidad e incluso muerte de quienes la sufren.
Dicho lo anterior, la diputada argumentó que datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, exponen que durante el año en curso se han cometido 145 mil 933 presuntos delitos de violencia familiar en contra de las mujeres. Lo que representa un incremento de 7.7% en comparación con la misma fecha del año anterior.
De manera más específica, Katya Cristina Soto Escamilla, explicó que las relaciones de hecho se identifican como aquellas en las que existe una relación de pareja, aunque no vivan en el mismo domicilio; la relación existente entre la pareja y las hijas y los hijos de ésta; y la que surge con la incorporación de una persona a un núcleo familiar, aunque no tenga parentesco con ninguno de sus integrantes.
Aunado a esto, Soto Escamilla señaló que su iniciativa responde a las recomendaciones emitidas en el Informe del Grupo de Trabajo conformado para atender la solicitud de declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las mujeres, de marzo de 2023, emitido por la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, en el sentido de incluir en el tipo penal de violencia familiar, las relaciones de hecho, a fin de garantizar que tales violencias tengan sanción.
De los casos de violencia familiar, explicó que sería el Ministerio Público o la autoridad judicial quien dictaminará las medidas que considere pertinentes para salvaguardar la integridad física, psicológica, patrimonial y económica de la víctima atendiendo a los conceptos que definen esos tipos de violencia. La iniciativa fue turnada a la Comisión de Justicia para su estudio y dictamen.