Decenas de trabajadores del Poder Judicial de la Federación, protestaron en las instalaciones de este organismo en Tapachula, ubicado al sur de la ciudad, con la finalidad de respaldar el paro nacional que mantiene el sindicato ante la posible desaparición de 13 fideicomisos.
Lilia Ocampo González, secretaría del sindicato del Poder Judicial de la Federación sección Tapachula que agrupa a más de 200 trabajadores, afirmó que se suman a las acciones a nivel nacional ante los atropellos que han sido objeto en los últimos días, cuya situación lacera sus derechos laborales.
Dijo que el Poder Judicial de la Federación ha recibido múltiples embates de diversos actores, tanto de la Cámara de Diputados como del Palacio Nacional con la férrea intención de evidenciar un franco desprecio a la institución y a todos los que en ella laboran, cuyas agresiones atentan contra la división de poderes del estado mexicano y contra la independencia judicial establecida en la constitución.
Señaló que estos ataques llevan la finalidad de quitar recursos económicos que son productos de la defensa de sus derechos y que no representan ventajas y privilegios como se asegura, lo que conlleva un grave daño dado que el recorte presupuestal que se pretende aprobar afecta el salario y las prestaciones que perciben los trabajadores.
Al colocar las lonas a las afueras de las instalaciones, dijo que esta problemática tendrá un impacto en la vida nacional, pues la reducción al presupuesto y la extinción de los fideicomisos impedirá la infraestructura de operatividad necesaria para que los trabajadores puedan llevar a cabo su labor en condiciones aceptables y adecuadas sobre todo en órganos judiciales de provincia, en donde hay casas habilitadas como juzgados.
Indicó que de no emplearse las plantillas y de no sustituir el personal con licencias impactaría gravemente la salud de los trabajadores, desarrollando patologías importantes como los trastornos de sueño, depresión, ansiedad, cardiopatías por sedentarismo embolias, entre otros.
Puntualizó que de aprobarse la reducción del presupuesto provocaría el despido de Trabajadores al cerrar juzgados o tribunales a causa de los recursos que se pretenden quitar pues no existirán dinero suficiente para contar con el personal que exigen las cargas cotidianas de trabajo.