Continúa la lucha por parte de los seres queridos de los 43 normalistas de Ayotzinapa por obtener justicia, sin embargo también existe incertidumbre y temor ante los niveles de impunidad en México. En entrevista para El Universal, familiares de los normalistas que prefirieron no relevar su identidad señalaron que es esencial que con pruebas científicas, la administración del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, exponga la realidad de los hechos, y es que argumentaron para la misma fuente que parecería que la estrategia es la misma que se siguió bajo el gobierno de Enrique Peña Nieto, que según lo descrito por los mismos familiares únicamente encubrieron la verdad.
También, externaron el que es preocupante que termine el sexenio sin obtener resultados, sin embargo afirmaron que seguirán exigiendo que se llegue a la verdad. “Nos preocupa, vamos a seguir exigiendo, no es que no queramos aceptar que nuestros hijos están muertos, es que no hay pruebas, necesitamos pruebas científicas”, comunicaron los familiares de los normalistas al mismo diario.
En cuanto a la información que recientemente expuso el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), en la que exponen que de los mensajes de WhatsApp presentados como pruebas, no se podría obtener exactamente un origen o autenticidad por parte de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia, para basar toda una investigación de la desaparición de los jóvenes, anunciaron las personas en búsqueda de justicia que en próximos días emitirán un mensaje.
El pasado lunes un grupo de expertos designado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), dio a conocer que “no es posible garantizar la originalidad de los mensajes que fueron capturados en imágenes o mediante registro fotográfico”. Incluso, Carlos Beristain, integrante del grupo internacional, destacó que los mensajes de WhatsApp “no pueden considerarse como una prueba digital”. Aunado a esto, es importante destacar que se llevó a cabo un peritaje de las 467 capturas de pantalla de los mismos mensajes, en los que se identificaron “inconsistencias” en fechas, escritura y dispositivos. Además, los especialistas criticaron la cancelación de 21 de las 83 órdenes de captura contra presuntos implicados en el caso Ayotzinapa.