México es el único país de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) que no tiene una política generalizada de protección a víctimas de siniestros viales, pese a que los incidentes de tránsito son una de las 10 principales causas de muerte en la población mexicana, reveló la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS).
Así, cada año, los accidentes viales representan para el gasto público un monto de 32 mil millones de pesos.
“Con el seguro de protección a víctimas estos recursos podrían optimizarse y emplearse en otras necesidades más apremiantes”, aseguró Juan Patricio Riveroll, presidente de la AMIS.
En el marco de la 33 Convención de Aseguradoras y de cara a una nueva administración a partir del 1 de octubre, el presidente de la AMIS propuso promover la homologación de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, así como las leyes estatales con la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial para que sea obligatorio en todo el territorio nacional el Seguro de Responsabilidad Civil, así como incluir mecanismos de fiscalización del Seguro de Responsabilidad Civil.
Asimismo, en México se observa un envejecimiento en la población, además de que gran parte de esta padecen enfermedades crónico degenerativas que demandan atención médica especializada.
“Consideramos que se debe reforzar la viabilidad financiera de los sistemas de salud para garantizar el acceso a la salud con calidad para todos los habitantes de México.