Las legisladoras y los legisladores del Partido Revolucionario Institucional (PRI) presentaron una iniciativa de reforma al Código Penal del Estado de Guanajuato, que propone incrementar la sanción penal en el delito de cobranza extrajudicial ilícita en el caso en que intervenga más de una persona, medie contrato, promesa o cualquier contraprestación, se utilicen armas de fuego, intervenga un servidor público, se utilicen menores de edad, se forme parte de un grupo de prestamistas y se ostente o se pertenezca a una organización criminal.
El diputado, Alejandro Arias Ávila, indicó que la cobranza extrajudicial tiene por objeto obtener el cumplimiento de la obligación a través de un acuerdo directo entre la institución prestamista y el usuario.
En este mismo sentido, señaló que existen varias formas de buscar un acuerdo, siendo las más comunes por vía telefónica, carta u algún tipo de correo (físico o electrónico) o hasta visitar al domicilio particular o laboral del deudor, con el propósito de captar la atención del moroso a fin de informarle su situación de retraso para que cumpla su compromiso de pago.
Arias Ávila externó que la propuesta establece que se debe adicionar al delito de cobranza extrajudicial ilegal la intervención de un tercero, debido a que ahora los grupos delictivos se prestan para interceder, amedrentar o agredir a los deudores para obtener el pago de una deuda, por lo que se pretende el incremento de la sanción penal en el caso en que intervenga más de una persona, medie contrato, promesa o cualquier contraprestación.
Finalmente, el diputado agregó que las modificaciones contemplan que se adiciona un supuesto para cuando intervenga algún servidor público, donde además de las penas referidas, se impondrá la destitución del empleo, cargo o comisión públicos e inhabilitación para desempeñar otro hasta por un tiempo igual al de la pena de prisión impuesta. La iniciativa fue turnada a la Comisión de Justicia para su estudio y dictamen.