El día de hoy, representantes de Kinchi y de Ixil dieron una conferencia de prensa para responder a los reclamos realizados recientemente por la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) . Los empresarios protestan por la supuesta lentitud en la aprobación de proyectos y por los requisitos que deben cumplir ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT).
José Argamiro Cobá Cocom, de la comunidad maya de Ixil, señaló: “Las comunidades rechazamos la postura de los empresarios y reclamamos leyes más rigurosas contra los despojos y la destrucción ambiental que causan los desarrollos inmobiliarios en todo Yucatán. Las comunidades mayas sabemos cómo queremos vivir, pero las inmobiliarias no respetan nuestra forma de vida como pueblo originario. Las leyes son muy suaves con los empresarios, pedimos leyes más duras y que se tomen las medidas necesarias para que esas leyes se respeten. Los empresarios atropellan nuestro derecho a trabajar la tierra, no respetan la biodiversidad. Los animales de montes no pueden defenderse, nosotros debemos protegerlos porque tienen derecho a la vida y están desde siempre en nuestro territorio. ¿Dónde van a vivir estas especies si se autorizan los proyectos inmobiliarios? Al poniente y oriente de nuestro municipio ya se adueñaron de casi todo el territorio. Yucatán es rico en cultura e historia, como museo al aire libre, está lleno de vestigios arqueológicos mayas. Hasta ahora, las empresas han atropellado al pueblo con todo el poder del estado. Esto debe cambiar, el estado debe protegernos.”
Jorge Yam, también de Ixil, agregó: “Los gobiernos neoliberales hicieron que la los habitantes de las comunidades tuviéramos que salir del pueblo para ganarnos la vida, para que dejemos el territorio en manos de empresarios. Queremos revertir esto, queremos vivir en nuestro pueblo de la agricultura. Pedimos leyes y sanciones más duras. No queremos más inmobiliarias ni más despojos, queremos que detengan a estos acaparadores de cuello blanco, que incluyen políticos y empresarios. Que protejan los derechos de los pueblos y comunidades indígenas.”
Concepción Chan Calderón, ejidataria de Ixil, señaló: “El gobierno federal debe ampararnos porque el gobierno estatal no lo hace, solo quiere despojarnos y dar más tierra y más poder a quienes tienen dinero. Vamos a defender lo que es nuestro, no dejaremos que la Fiscalía estatal y la Secretaría de Seguridad Pública nos quiten las tierras para que familias ricas cercanas al gobernador construyan un proyecto inmobiliario. Yo nací en una hacienda, tengo 69 años y amo el campo. Quiero que mis hijos y nietos puedan cultivar la tierra. Estas tierras se ganaron con lucha y las vamos a defender, no tenemos miedo, no van a intimidarnos. Hay que ser valientes como nuestros antepasados.”
Mercedes Cocom Noriega, ejidataria de Ixil, subrayó: “Los empresarios se quejan de que tardan en aprobar sus proyectos, cuando a nosotros nos están quitando las tierras. Antes no se quejaban porque lo tenían todo fácil, los funcionarios trabajaban para ellos. Ahora que se está mirando un poco al campo, a los empresarios les duele. Estos especuladores no son de Ixil, pero quieren hacer fortuna con lo que es nuestro y hemos conservado para nuestros nietos, y que nuestros ancestros cuidaron también. Pedimos que las autoridades nos apoyen y pongan castigos más fuertes.”
Federico May Cuitún, productor de chile habanero orgánico de Kinchil, agregó: “Nos sumamos a esta denuncia y demanda pues también tenemos muchos problemas con las inmobiliarias en nuestro territorio, están invadiendo descaradamente 5000 hectáreas de nuestro ejido. Hay unos 10 proyectos inmobiliarios en este territorio. Han hecho maniobras ilegales para que nuestras tierras sean adjudicadas a otra gente. Seguimos en estas tierras, practicando la agricultura, apicultura, ganadería, colecta de huano y orégano, etc. Pero las inmobiliarias las están vendiendo abiertamente, esto es un robo a luz del día. Ya se logró una clausura por parte de PROFEPA, pero les da igual, siguen trabajando violando la clausura. Se adueñan de nuestros vestigios arqueológicos y de cenotes como Xelactún. Están tapando cenotes, tumbando miles de árboles de forma totalmente ilegal. Pareciera que todo eso y que nuestra vida como pueblo maya no vale nada, que es más importante que estos empresarios se puedan enriquecer con nuestro patrimonio natural y arqueológico. Dicen que ya vendieron el 90% de algunos desarrollos inmobiliarios ubicados en la carretera a Celestún. La Cámara de la Construcción se queja de que hay mucha regulación y piden que se acelere la autorización de las inmobiliarias. En las comunidades decimos lo contrario, debe haber más regulación, más controles, se debe detener esta locura. Esto es fraude, también para los compradores. Es un negocio también para políticos corruptos como el alcalde de mi pueblo que autoriza a estas inmobiliarias, y también el comisario ejidal corrupto. Queremos más regulación para evitar que se continúe esta devastación.”
Humberto Chan Pech, campesino de Kinchil, expresó en lengua maya: “A estos empresarios no les pertenece esa tierra, es para los del futuro, para nuestros hijos y nietos. ¿Dónde van a quedar si entran estos proyectos? La tierra es nuestra madre. Yo aprendí a trabajar el campo desde niño. Los políticos quieren quitarnos las tierras. Los ejidos no tienen dueño, el dueño es todo el pueblo. ¿Qué vamos a hacer si nos quedamos sin tierra? Debemos tener justicia.”
Fermina Helena Chan Borges, de Kinchil, agregó: “No se nos hace justicia, nuestros gobernadores deben cuidarnos y protegernos, pero es al contrario, nos están quitando lo nuestro y destrozando la naturaleza y las riquezas del pueblo. Trabajamos el ganado, las abejas, el orégano, los cítricos. Se están metiendo maquinarias para desmontar. Nuestro propio gobierno nos está destruyendo. No les importa, solo les interesa llenarse los bolsillos. Esta es mi molestia y coraje. Quiero que el gobierno federal defienda el pueblo, porque el gobierno de Yucatán solo está para aplastarnos y robar nuestras tierras.”
Rosa Amalia Ventura Ku, de Kinchil, subrayó: “Mucha gente piensa que ya no hay campesinos, pero no es cierto, sí existimos. Ahora llega gente que ni conocemos y están sacando a los campesinos. Con tristeza y enojo escuchamos que tenemos que dejar nuestras tierras. Pedimos leyes para que se exija a la PROFEPA que haga un buen seguimiento a nuestras denuncias. En Kinchil llegaron, clausuraron el proyecto inmobiliario y se fueron, y los empresarios siguen trabajando, se lo toman a chiste, y continúan prohibiendo a la gente entrar a sus tierras. ¡Y cuántos años tarda en crecer lo que ellos destrozan en un segundo! Como muchos hablan maya, de eso se aprovechan y quieren quitarles el sustento. ¿Qué quieren, que lleguemos a las armas? ¿Tenemos que llegar a eso para que nos escuchen? No queremos eso, por eso exigimos que se hagan leyes que defiendan las tierras y el medio ambiente.”
Heidy Dzul Pech, también de Kinchil, agregó: “Exorto a las autoridades de medio ambiente que no cedan a la presión de los empresarios y que no se corrompan, que no se dejen. Las granjas porcícolas nos contaminan el agua, las inmobiliarias nos devastan los montes. ¿Dónde van a ir todos los animales? Yo crío ganado, le pongo nombre a todos mis animales, los cuido bien. ¿Dónde los vamos a llevar si nos quitan la tierra? Con el cambio climático nos estamos achicharrando, los ricos tienen aire acondicionado y no les preocupa, pero nosotros no podemos pagarlo. Pedimos a las autoridades de medio ambiente que hagan algo. El dinero no lo puede todo. El Gobernador va a todas partes diciendo que se invierta y se compren casas en Yucatán. No estoy en contra de la gente de fuera, pero si nos quitan el territorio, ¿qué vamos a hacer?”
Karla Flores, vecina de Ixil, agregó: “Nuestros ejidos no han vendido nada. Los empresarios se están aprovechando de la vulnerabilidad de la población. Están engañando a gente que no sabe leer ni escribir. Si contaminan el agua de Yucatán, cómo vamos a quedar, no queremos estar como en Ciudad de México o Monterrey que no tienen agua. Queremos proteger las tierras.”
Respondiendo a preguntas, Sergio Oceransky, de la Fundación Yansa, explicó: “En Ixil y Kinchil no se ha vendido ni un metro cuadrado de tierras ejidales. En Kinchil la venta de tierras ejidales es literalmente imposible, pues en este ejido no entró el PROCEDE, un programa que facilitó la privatización de tierras ejidales. En Ixil casi todo el ejido lo componen tierras de uso común, y la ley es clara: estas tierras son inalienables, inembargables e imprescriptibles, por lo que es ilegal su venta. Mucha gente está comprando a las inmobiliarias sin saber que les están defraudando. Pero las leyes actuales permiten estas ventas bajo el concepto de ‘lotes de inversión’, pese al daño que ocasiona esta especulación a las comunidades. Este es un motivo más por el que resulta necesario fortalecer la regulación del sector, tanto en el ámbito ambiental como en la protección de territorios de pueblos y comunidades indígenas. También es necesario que la PROFEPA no se limite a clausurar, sino que interponga demandas penales contra quienes violan la normativa.”