Organizaciones no gubernamentales hacen un llamado al gobierno del estado de Chiapas a asegurar la vida e integridad de las familias chiapanecas frente al control de grupos criminales en la región Fronteriza de la entidad.
Por medio de un comunicado, pidieron a los gobiernos federal y estatal retomar el control de las comunidades secuestradas por la delincuencia, debido a que ante la omisión estatal los riesgos a la población de la Región Frontera de Chiapas han incrementado en asesinatos, secuestros, enfrentamientos, ejecuciones y bloqueos a las vías de comunicación.
El extenso documento firmado por la Mesa de Coordinación Transfronteriza Migraciones y Género Guatemala – México (MTMG), Colectivo de Monitoreo – Frontera Sur y Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM) llama a asegurar la vida e integridad de los habitantes frente al control de grupos criminales.
En el comunicado se lee que, a más de tres meses del enfrentamiento armado entre grupos de la delincuencia organizada en la comunidad de Nueva Independencia, conocida también como Lajerío, y comunidades vecinas del municipio de Frontera Comalapa, aún no existe un plan integral de atención por parte del Estado mexicano que garantice la vida y seguridad de la población civil de esa, y otras comunidades de la región.
Y es que desde el 2021 las amenazas, extorsiones, secuestros, la desaparición de líderes y autoridades comunitarias, la cooptación e integración forzada de diversas organizaciones sociales, campesinas, de transportistas y comerciantes, se han convertido en constantes y cotidianas.
La guerra de los 4 días
Las organizaciones no gubernamentales refieren que el enfrentamiento en la comunidad de Lajerío entre grupos antagónicos de la delincuencia organizada, fue equiparable a una “guerra”: detonaciones de armas de alto calibre, explosiones de granadas, drones artillados y otros artefactos explosivos, así como el uso de vehículos “monstruos” que duró alrededor de cuatro días hasta el 30 de mayo que hubo presencia de la Guardia Nacional y del Ejército en la zona.
Posterior al enfrentamiento de los 4 días, se ha expandido este conflicto hacia comunidades y ejidos de otros municipios, como Chicomuselo y La Trinitaria, en los que la delincuencia organizada llega a ofrecer proyectos y protección, para continuar creciendo su control.
También, es notorio que lejos de estarse resolviendo los conflictos y estableciéndose bases para la paz, se siguen permitiendo las condiciones para el crecimiento y expansión de estos grupos delictivos.
De acuerdo con el texto, en las últimas semanas se han presentado bloqueos, retenes, agresiones y enfrentamientos entre grupos de la delincuencia organizada en los municipios de Chicomuselo y Siltepec, Frontera Comalapa, Amatenango de la Frontera, Mazapa de Madero, Motozintla, Bella Vista, La Concordia, Villacorzo y El Parral; además de un aumento en la presencia de personas armadas en la región.
Todo esto no hace más que mantener vigente la agudeza de la violencia en la región, así como la responsabilidad del gobierno Federal y el de Chiapas en ser omiso en presentar rutas de atención duradera a las problemáticas, se lee en el comunicado.
Las organizaciones señalan que la población, que se encuentra en medio de la violencia desde hace más de 2 años, actualmente vive secuestrada por los grupos delincuenciales: la circulación de personas y vehículos está controlada a través de retenes y bloqueos que se colocan en los caminos; hombres adolescentes, desde los 13 años, son reclutados para actividades de halconeo (vigilancia y recolección de información); mujeres jóvenes de la localidad y de países centroamericanos son víctimas de trata y explotación sexual.
- Al pie del comunicado las organizaciones exigen al gobierno mexicano cinco puntos esenciales:
- Investigación imparcial y profunda por parte de la Fiscalía General del Estado, así como de la Fiscalía General de la República sobre los hechos violentos” en el municipio de Frontera Comalapa.
- El cese de la estigmatización y criminalización de la población que se encuentra en medio de la violencia en condiciones de sobrevivencia, una ruta y estrategia integral urgente hacia la pacificación real y sostenida de estos territorios.
- Que desde los tres niveles de gobierno se activen mecanismos de ayuda humanitaria para atender las necesidades alimentarias, sanitarias y de salud mental de las personas afectadas.
- Que los Gobiernos federal y estatal impulsen procesos para reconstruir el tejido social, en lógica de paz, reconciliación y diálogo.
- Y que se garantice la seguridad de periodistas, personas defensoras de derechos humanos y ciudadanía en general en Chiapas, y particularmente en la Región Frontera.