La diputada Jasmine María Bugarín Rodríguez del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) presentó una iniciativa con el propósito de impulsar la contratación de personas con discapacidad.
La modificación establece como obligación de los patrones “destinar, por cada 50 trabajadores, el 5 por ciento de las plazas de creación reciente y de las vacantes a la contratación de personas con discapacidad”.
El documento, turnado a la Comisión de Trabajo y Previsión Social para dictamen, y a la de Atención a Grupos Vulnerables para opinión, explica que la Ciudad de México contempla desde hace años una cuota laboral para las personas con discapacidad en las entidades de la administración pública local, pero esto no es aplicable al resto de las entidades del país.
En la exposición de motivos enfatiza que las personas con discapacidad pertenecen a uno de los sectores sociales que más barreras y dificultades enfrentan para acceder a derechos básicos como la educación y empleo en América Latina; muestra de ello es que tres de cada cuatro personas con esta condición se encuentran desempleadas.
Aclara que el trabajo no puede ser visto como un favor o un acto de caridad que pueda otorgarse de manera arbitraria, pues se trata de un derecho humano inherente a todas las personas que permite a sus titulares vivir de manera plena e independiente.
En este sentido, añade que el Estado tiene la obligación de generar las condiciones necesarias a fin de que todas las personas en edad de trabajar, incluidas aquéllas que tienen alguna discapacidad, tengan un empleo, no sólo para acceder a una vida digna en el plano económico, sino como un medio para alcanzar la superación y la realización personal.
Menciona que, de acuerdo con la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2018 del Inegi, de los 115.7 millones de personas de 5 años y más que habitan en el país, 7.7 millones (6.7 por ciento) son consideradas como población con discapacidad.
