Continúan las investigaciones por la muerte de 39 personas migrantes en una estación migratoria ubicada en Ciudad Juarez, Chihuahua. Durante la segunda conferencia de prensa para abordar los avances en torno a las indagatorias, la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez, comunicó que “del resultado del proceso de las investigaciones se van a deslindar responsabilidades, sin importar quién sea”.
Bajo la promesa de que no habrá impunidad, la Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la República (FGR), expuso que se concedieron seis órdenes de aprehensión, de las cuales 5 fueron cumplimentadas. De manera más específica se concedieron 6 órdenes de aprehensión en contra de tres funcionarios del INAMI, dos policías de seguridad privada y la persona que inició el incendio.
Sara Irene Herrerías, titular de la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos, afirmó que las órdenes de aprehensión se solicitaron “por el delito de homicidios dolosos, así como con dolo eventual, y por el delito de lesiones en contra de 67 extranjeros, 12 salvadoreños, un colombiano, 12 venezolanos, 28 guatemaltecos y 14 hondureños”.
Rodríguez, adelantó que serán citados a declarar socios de la empresa Grupo de Seguridad Privada CAMSA S.A. de C.V, esto ante presuntas irregularidades en la prestación del servicio.
“De la revisión del expediente derivó una primera irregularidad, ya que la empresa sólo tenía reportados en su registro a cuatro elementos de seguridad, con 10 uniformes”, comentó la servidora pública, además de que aclaró “el contrato con el INAMI era por 503 elementos en instalaciones ubicadas en 23 estados de la República. La empresa de seguridad privada no cuenta con permiso de portación de arma y en los informes mensuales, que está obligado a rendir, no reportó altas o bajas del personal”.
Aunado a esto, se informó que se dio inicio el proceso administrativo sancionador en su contra “para revocarle el permiso e imponerle una multa económica”, además de que ya se solicitó al INAMI rescindir el contrato con dicha empresa, por lo que se prevé que serán elementos de la SPF, quienes “asumirán las labores de seguridad en las estaciones, en las instalaciones de la estación migratoria de Ciudad Juárez”.