El PRI en la Cámara de Diputados presentó una iniciativa que propone establecer en el artículo 4º de la Constitución Política el que “todas las personas mayores de sesenta años tienen derecho a recibir por parte del Estado una pensión no contributiva en los términos que fije la Ley”.
Las diputadas y los diputados, argumentaron que la pensión otorgada por el Gobierno Federal, cuenta con un padrón de 10 millones 259 mil 861 derechohabientes, lo que significa que existen alrededor de cinco millones de mexicanas y mexicanos excluidos de los beneficios de la pensión, esto último especificaron es independiente de su condición económica.
Además, pidieron no perder de vista el que México no es inmune al fenómeno demográfico global del envejecimiento de la población. Datos del INEGI corroboran que en el país residen 15.1 millones de personas de 60 años o más, lo que representa el 12 por ciento de la población total, porcentaje que se ha incrementado a casi el doble en los últimos 30 años.
Cabe destacar que en la propuesta remitida a la Comisión de Puntos Constitucionales para su análisis y dictaminación, desglosan que si bien el primer antecedente local es la pensión alimentaria creada en 2001 y posteriormente en el 2007 el Gobierno Federal institucionalizó a nivel federal el programa a través de la Pensión para Adultos Mayores de 70 años y más en zonas rurales, la evidencia hasta el momento demuestra la limitación para expandir los beneficios y externaron tenía que ver con el envejecimiento y mayor sobrevivencia en varias entidades.
Dentro de los puntos que piden tomar en cuenta, también destaca la precarización del mercado laboral y el alto índice de informalidad laboral. Dicho lo anterior, resaltaron que las recientes modificaciones para la implementación de este programa motivaron una reforma legislativa en la Constitución Política, que incorporó en el artículo 4º que las personas mayores de sesenta y ocho años tienen derecho a recibir por parte del Estado una pensión no contributiva. En el caso de las y los indígenas y las y los afromexicanos, a partir de los 65 años.
Además las legisladoras y los legisladores, señalaron que dicha reforma no ha resuelto los problemas identificados por las evaluaciones técnicas del programa. El decreto únicamente contempla la adquisición de derechos, sin resolver la aplicación y operación de la pensión frente a choques económicos o la necesidad de ampliar la cobertura para personas que ya se encuentran en situación de precariedad desde edad más temprana.