La ONU expresó su preocupación ante la crisis de desapariciones que enfrenta México, y es que son más 111 mil personas desaparecidas desde 1962 y más de 53 mil cuerpos o restos humanos sin identificar. Dichos datos fueron obtenidos del último informe del Comité contra la Desaparición Forzada, mismo que lamentó que a pesar de ciertos avances, la actual situación continúa siendo un problema generalizado y que se queda en muchas ocasiones en total impunidad.
Si bien la misma fuente señaló que la Fiscalía Especializada en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada atiende a un promedio de 400 personas mensualmente, también hicieron énfasis en que “la deficiente investigación de tales hechos tiene como consecuencia un número escaso de sentencias y con ello la continuidad de una impunidad casi absoluta”.
Aunado a esto, expusieron que hay ineficacia de las medidas adoptadas para combatir las causas estructurales de la impunidad y es que además hay deficiencias en la persecución, a pesar de contar “con elementos probatorios contundentes del involucramiento de autoridades”.
En contraste, de los aspectos positivos, “el Comité cita el Protocolo Homologado de Investigación para los Delitos de Desaparición Forzada, y la existencia de fiscalías especializadas o unidades de investigación en desaparición forzada en todas las entidades federativas del Estado parte”.
Cabe resaltar que el Comité lamentó la “ausencia de una política nacional de prevención y erradicación de las desapariciones y la falta de reconocimiento por parte de las autoridades sobre las distintas formas de responsabilidad de los agentes estatales. Y también le preocupa la publicación del Decreto de noviembre de 2022 que extiende la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública hasta 2028, y la falta de controles civiles eficaces”.
Por su parte, los especialistas en Derechos Humanos comunicaron que alarma el aumento de la desaparición de niñas, adolescentes y mujeres, siendo los Estados de México, Tamaulipas, Jalisco y Guerrero los que cuentan con el registro más alto.
Como recomendación se planteó la importancia de “aprobar a la brevedad el Reglamento de la Ley General y de la Comisión Nacional de Búsqueda, que garantice un proceso abierto”. Incluso, el mismo Comité afirmó estar consternado por las “dificultades de acceso de los familiares y representantes de las víctimas a los expedientes de investigación, y por alegaciones recibidas sobre el cierre paulatino de espacios de participación de las víctimas en asuntos que les conciernen”.