El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, a través de un comunicado informó que “el Poder Judicial ha ordenado al Ejército Mexicano no destruir los documentos relacionados con el caso Ayotzinapa, al conceder la suspensión provisional dentro de un juicio de amparo promovido por los padres y las madres de los estudiantes normalistas”.
En el documento publicado en sus redes sociales, señalaron que fue el 15 de agosto del año en curso cuando los seres queridos de los 43 normalistas “interpusieron ante el Poder Judicial de la Federación una demanda de amparo en contra de la cadena de mando del aparato de inteligencia militar, por estimar que estas autoridades han incumplido en el Decreto Presidencial del 4 de diciembre de 2018 mediante el cual se ordenó a todas las dependencias de la administración pública federal colaborar con el esclarecimiento del caso Ayotzinapa”.
Los familiares de los jóvenes desaparecidos, explicaron que el último informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) les permitió conocer que “el Ejército ha ocultado arbitrariamente un número todavía indeterminado de reportes de los Centros Regionales de Fusión de Inteligencia, pese a que los indicios permiten inferir que su contenido es relevante para entender el contexto criminal de Iguala y en particular para esclarecer lo ocurrido el 26 de septiembre del 2014”.
Cabe destacar que “las familias han pedido como medida cautelar que dentro de la suspensión el Poder Judicial ordene preservar la información para que no sea alterada, destruida, depurada o eliminada”.
Son casi nueve años en los que la lucha de justicia no ha cesado, por lo que resaltaron que si bien se podría hablar de algunos avances en el proceso “el último informe del GIEI y la decisión de los expertos de concluir su labor mostraron con contundencia que los obstáculos subsisten”. También, en su posicionamiento expresaron que padres y madres “continúan a la espera de que el Presidente de la República les reciba para dialogar sobre el incumplimiento del compromiso de esclarecer plenamente el caso, al tiempo que seguirán acudiendo a las instancias legales nacionales e internacionales disponibles para hacer valer sus derechos”.