A través de un comunicado los distintos colectivos que conforman el “Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México” (MNDM), expresaron su respaldo al informe del Comité contra las Desapariciones Forzadas (CED) que fue publicado el pasado 3 de octubre, mismo en el que si bien se habla de ciertos avances que ha reportado el Estado Mexicano, también plantea 73 recomendaciones, de las cuales algunas ya habían sido mencionadas en el informe del 2022, por lo que ante el incumplimiento de las autoridades mexicanas, nuevamente se hace el llamado a poner en marcha acciones contundentes.
En el documento publicado a través de sus redes sociales, enfatizaron que persiste “una situación generalizada de desapariciones” y “la ausencia de una política nacional de prevención y erradicación”. Además, señalaron que existe una “falta de priorización en la investigación y persecución penal de la desaparición forzada y desaparición cometida por particulares”.
El CED resaltó que había preocupación también por el proceso de actualización del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, esto bajo el argumento de que “no cumple con los criterios establecidos en el Protocolo Homologado de Búsqueda y en estándares internacionales. Este proceso, ejecutado por instancias no competentes ni capacitadas en materia de búsqueda, carece de una metodología clara y transparente y de mecanismos para la participación de los familiares de las personas desaparecidas, generando actos de revictimización”.
Aunado a esto, se expone la “crisis forense, el elevado número de cuerpos y/o restos humanos en los servicios médico-forenses, la falta de coordinación para la identificación humana, y la urgencia de fortalecer la coordinación intrainstitucional e interinstitucional en las instituciones federales y estatales encargadas de la búsqueda e investigación”.
El MNDM pidió al Estado Mexicano, cumplir con las recomendaciones del CED y subrayaron que los puntos que se citan a continuación resultan ser urgentes ante el complicado panorama de violencia que enfrenta el país:
- Transparentar la metodología utilizada para la actualización del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, garantizando la fiabilidad de los datos recopilados y la participación de las familias en este proceso.
- Asegurar que el proceso de selección de la persona titular de la Comisión Nacional de Búsqueda cumpla con los estándares establecidos en la Ley General.
- Prevenir actos de violencia, vigilancia, amenazas y represalias contra los familiares de personas desaparecidas.
- Garantizar la coordinación efectiva entre las instituciones federales y estatales encargadas de la búsqueda e investigación.
- Instaurar mecanismos de coordinación interinstitucional sistemática entre las instituciones responsables de la identificación de personas fallecidas.
- Garantizar el funcionamiento efectivo del Banco Nacional de Datos Forenses y su interoperabilidad con otros bancos de perfiles genéticos existentes.