En Estados Unidos como en Canadá son costosas las licencias para establecer un negocio de venta legal de marihuana y se privilegia a las grandes corporaciones, por lo que continúa la existencia de mercados ilegales, afirmaron los especialistas Aarón Díaz y Robert Chlala.
Al participar en el conversatorio “La industria del cannabis y su fuerza de trabajo en Estados Unidos y Canadá”, organizado por el Centro de Investigaciones sobre América del Norte (CISAN) de la UNAM, resaltaron que compañías que operan en los dos ámbitos: tanto en el formal como en el ilegal.
Aarón Díaz, académico del CISAN, expuso que de acuerdo con el Global Cannabis Report, en 2019 se estimó que aproximadamente 263 millones de personas en el mundo eran consumidoras de esta planta. Ante ello, la industria “del oro verde” necesitó incrementar el número de empleados. Para 2020 se proyectaban 238 mil empleos, sólo en los lugares donde su consumo se ha legalizado.
En Canadá, por ejemplo, en 2018 se calculaba que existían cerca de 10 mil trabajadores en este sector, pero aumentarían hasta 150 mil en los años siguientes.
Al respecto, la investigadora del CISAN, Silvia Núñez García, se pronunció porque haya acercamiento entre México, Estados Unidos y Canadá para abordar las problemáticas en torno al mercado laboral de la cannabis, así como para trabajar por erradicar la estigmatización a quienes la consumen.
Robert Chlala, también profesor visitante en la Universidad de California en Los Ángeles, aseveró que la línea entre lo formal e informal en este mercado es delgada, borrosa. Además, la policía efectúa “redadas” para cerrar tiendas que luego surgen en otros lugares, por lo que estimó que existen compañías que trabajan en “los dos mundos”: el legal e ilegal.
Asimismo, apuntó que en los vecindarios de alto poder adquisitivo no son bien vistos estos negocios y suelen cerrar pronto.
Luego de las pasadas elecciones intermedias en la Unión Americana, dijo, 21 estados aprobaron el uso recreativo de esta planta y 38 su utilización en el rubro medicinal. En Nueva York está la legislación más progresiva, mientras que en Florida son cinco grandes empresas las que controlan las licencias.