El pasado 24 de enero, México participó por cuarta ocasión en el Mecanismo de Examen Periódico Universal (MEPU) del Consejo de Derechos Humanos durante su 45° período de sesiones.
El Examen Periódico Universal es una revisión entre pares sobre los avances y desafíos en materia de derechos humanos en la que participan periódicamente todos los Estados miembros de las Naciones Unidas. México estuvo representado por servidores públicos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, de la Misión de México en Ginebra y del Poder Legislativo.
Dentro de las observaciones y recomendaciones se hizo énfasis en la crisis de derechos humanos y expresaron su preocupación ante la desaparición forzada, violencia contra personas defensoras y periodistas, la independencia judicial, el racismo y discriminación contra comunidades indígenas y afrodescendientes, la tortura, las violaciones a los derechos de las personas migrantes y la falta de transparencia, entre muchos otros problemas de violencia que aquejan al país.
En este mismo sentido, México recibió recomendaciones específicas, cuyo fin son garantizar que la seguridad pública sea de carácter civil y que las Fuerzas Armadas se retiren de este tipo de actividades.
Conforme a lo dado a conocer por el colectivo EPU.MX, que es una coalición de más de 100 organizaciones de la sociedad civil que trabajan en el ámbito de los derechos humanos en México, la comunidad internacional identificó que los avances informados por el Estado mexicano se ven opacados por la impunidad, la falta de asignación de recursos a instituciones como las fiscalías, la falta de implementación de los marcos normativos y la falta de transparencia.
El mismo Colectivo, hizo un llamado al “Estado mexicano a analizar y aceptar las recomendaciones dirigidas a mejorar la situación de derechos humanos en el país, en cumplimiento a sus obligaciones internacionales, para que estas funjan como una hoja de ruta para conducir las políticas y acciones gubernamentales para los próximos años, involucrando a todos los actores interesados, incluida la sociedad civil”.
A través de un comunicado, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), externó que se analizarán las recomendaciones de los Estados que participaron en dicho ejercicio por cada instancia competente. Posteriormente, se comprometieron a informar al Consejo de Derechos Humanos su respuesta y el seguimiento pertinente.