Después de que el diario estadounidense “The Washington Post” expusiera que el historiador Camilo Vicente Ovalle, quien coordina las investigaciones de la Comisión para el Acceso a la Verdad sobre la Guerra Sucia, fue presuntamente víctima del malware Pegasus, las organizaciones Social TIC, Red en Defensa de los Derechos Digitales y Artículo 19, emitieron un pronunciamiento, en el que señalan que este caso “se suma a la evidencia de los intentos del Ejército para sabotear los esfuerzos para obtener verdad y justicia por las violaciones cometidas”.
Además de calificar como lamentable el espionaje en contra de Camilo Vicente Ovalle, resaltaron que se “añade a los ataques en contra del defensor de derechos humanos Raymundo Ramos, el analista político Ricardo Raphael, un periodista del medio Animal Político, dos personas defensoras de derechos humanos del Centro PRODH, exintegrantes del Instituto Federal de la Defensoría Pública, e incluso el subsecretario Alejandro Encinas, presidente de la Comisión para el Acceso a la Verdad y Justicia del caso Ayotzinapa”.
Resaltaron que dentro de los casos documentados en la investigación “Ejército Espía”, se detectó que el “espionaje en contra de Ovalle ocurrió en coyunturas en las que se llevaban a cabo labores de investigación relacionadas con abusos militares”.
Aunado a esto, en el comunicado externaron que “a pesar de los continuos esfuerzos del gobierno federal por desestimar y descalificar la evidencia de espionaje militar, el caso de Camilo Vicente Ovalle muestra, de una forma incontrovertible, la relación que existe entre el uso ilegal de Pegasus en contra de personas defensoras de derechos humanos y el encubrimiento de violaciones ─actuales e históricas─ perpetradas por las Fuerzas Armadas”.
La misma fuente, recalcó que hasta el momento “la Secretaría de la Defensa Nacional se ha negado a transparentar la información relacionada con los contratos entre la dependencia y Comercializadora Antsua, empresa proveedora exclusiva de Pegasus en México. Incluso, ante la orden expresa del INAI para entregar dicha información, la SEDENA decidió reservar los documentos por motivos de seguridad nacional”.
Hicieron hincapié en que también “documentos internos de la SEDENA han demostrado que el usuario final de Pegasus es el Centro Militar de Inteligencia, una agencia secreta que opera sin facultades para intervenir comunicaciones privadas. Así mismo, el diario The New York Times corroboró, de acuerdo con cuatro fuentes distintas, que la SEDENA es actualmente el único operador de Pegasus en México”.
Concluyeron su posicionamiento exigiendo una “investigación independiente, diligente y exhaustiva sobre los casos de espionaje perpetrados durante el presente gobierno y los anteriores, como ha sido solicitado también por instancia internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas”. Incluyeron un llamado al Ejército y al Gobierno Federal, para que “dejen de ocultar la información relativa a la adquisición y uso de Pegasus por parte de la SEDENA, así como cesar las descalificaciones e intentos por obstaculizar las investigaciones que actualmente se llevan a cabo”.