Recientemente The New York Times a través de un reportaje reveló que el subsecretario de derechos humanos, población y migración, Alejandro Encinas, fue espiado con el software Pegasus, lo que le convierte en el primer servidor público cercano al presidente en ser víctima de un hackeo de esta magnitud.
La misma fuente expuso que el celular de Encinas fue infectado en varias ocasiones, incluso cuando se encontraba al frente de la Comisión de la Verdad sobre el caso de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa. Lo anterior, con base en la investigación del medio estadounidense “le dio a los piratas informáticos acceso ilimitado a toda su vida digital, de acuerdo con las cuatro personas que hablaron con él del tema”.
Aunado a esto, The New York Times argumenta que el uso de Pegasus está únicamente permitido para agencias del gobierno y si bien no se cuenta con pruebas definitivas “sobre cuál es la que realizó el hackeo al celular de Encinas, el Ejército es la única entidad que tiene acceso al programa espía”.
La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), se pronunció al respecto expresando su solidaridad a Encinas y a su equipo.
“El trabajo de quienes defienden y promueven derechos humanos, sea desde instituciones, cargos públicos o sociedad civil, debe estar exento de invasiones indebidas e injerencias arbitrarias. El respaldo público inequívoco a su labor es esencial para su protección”, afirmó la ONU-DH.
El organismo agregó que “las nuevas revelaciones, que se suman a anteriores, ameritan ser investigadas de forma diligente, independiente, exhaustiva e imparcial por instancias civiles. La mejor medida de prevención es una eficaz investigación y sanción a las personas e instituciones responsables”.
Concluyeron recalcando que “las alegaciones publicadas apuntan al presunto involucramiento de las #FuerzasArmadas, razón por la cual los controles sobre las mismas deberían fortalecerse. Es preciso que su actuar se sujete a mecanismos eficaces de vigilancia de naturaleza civil propios de una democracia”.