El presidente, Andrés Manuel López Obrador, ante la tragedia que ocasionó el huracán Otis en Guerrero, propuso el destinar los 15 mil millones de pesos de 13 extintos fideicomisos del Poder Judicial de la Federación (PJF) para ayudar a las personas damnificadas.
Norma Piña Hernández, presidenta del Poder Judicial de la Federación, respondió a la propuesta que se hizo desde la habitual conferencia matutina del presidente, señalando que “representa una alternativa real que nos permitirá actuar como Estado, en defensa de su población”.
“Trabajaremos en conjunto por la recuperación de las personas más afectadas, para devolverles el derecho al futuro que les fue suspendido y buscar asegurarles, en el menor tiempo posible, condiciones de igualdad para continuar con su proyecto de vida”, escribió Piña Hernández en un oficio dirigido al Ejecutivo Federal.
Dicho lo anterior, Piña Hernández, afirmó que en su calidad de Presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, quedaba a la espera de la “definición del canal institucional para dialogar los términos con la finalidad de concretar la propuesta en cuestión”.
El senador del Grupo Plural, Germán Martínez, se pronunció al respecto, expresando su rechazo a dicha propuesta.
“¡No al pillaje del Congreso al dinero de los fideicomisos judiciales! La Constitución ni se consulta, ni se pacta. ¡Sí a la ayuda a Acapulco!”, externó.
Martínez, refirió que la respuesta de Piña Hernández, podría poner en peligro los derechos de los trabajadores del Poder Judicial y argumentó que “el artículo 22 de la Constitución prohíbe la confiscación de esos recursos”.
“El artículo 73 establece con claridad que no hay facultad para desaparecer y extinguir esos fondos, y por si fuera poco, el artículo 127 establece que no se pueden tocar las condiciones generales de trabajo de los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación”, comentó.