En mayo de este 2023 la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) discutió y resolvió las impugnaciones contra el Decreto de reformas a la Ley General de Comunicación Social y a la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
En esta ocasión, proyecto del ministro Javier Laynez Potisek, propone declarar la invalidez de esta segunda parte del llamado “Plan B”, ya que se considera que “durante la aprobación del Decreto, el Congreso de la Unión incurrió en múltiples violaciones graves al procedimiento legislativo, las cuales son suficientes para invalidar la totalidad del decreto impugnado, lo que es congruente con la doctrina jurisprudencial que la Corte ha sostenido en más de treinta asuntos y que recoge los requisitos mínimos para que un proceso legislativo sea válido”.
Aunado a esto, se explicó que el proyecto estima que “todas las violaciones acreditadas al analizarse la primera parte de este paquete de reformas también se actualizan en este caso, por la simple razón de que ambos Decretos compartieron, en términos generales, el mismo proceso legislativo”.
Se argumentó que la Cámara de Diputados no dio razones suficientes para justificar el trámite urgente de las iniciativas, por lo que legisladores y legisladoras no tuvieron la oportunidad de tener conocimiento de las propuestas que señalaron “no se publicaron ni se distribuyeron con la anticipación exigida por el Reglamento de la Cámara de Diputados y, lo más importante, tampoco gozaron de un plazo razonable para conocer lo que estaban votando, pues en total se trataba de reformas a más de quinientas disposiciones que nunca fueron dictaminadas, que presentaron en el momento de iniciar la sesión”. Cabe destacar que lo anterior se aprobó en tan solo cuatro horas.
Tras exponer sus motivos, el proyecto del ministro argumentó que “se destacan violaciones adicionales graves al proceso legislativo que no habían sido planteadas en el asunto anterior. Por un lado, se acredita que la iniciativa publicada en la Gaceta Parlamentaria fue sustituida por una versión modificada cuando ya se discutía en el pleno de la Cámara de Diputados, sin que se diera cuenta de la sustitución ni de las modificaciones a los legisladores”.
En el mismo documento, destacaron que “se demuestra que las Cámaras modificaron artículos del proyecto de Decreto que ya habían sido aprobados por ellas en sesiones anteriores, cuando el artículo 72, inciso E, de la Constitución Federal prohíbe tajantemente que se revisen los preceptos ya aprobados por ambas Cámaras”.
El proyecto concluye que todas estas violaciones en su conjunto mermaron gravemente la posibilidad de los legisladores federales de participar de forma activa e informada en la deliberación de las normas sometidas a votación y, por ende, son suficientes para invalidar la totalidad del decreto impugnado.