Como resultado del análisis de las impugnaciones formuladas por los municipios de Colima y de Pabellón de Arteaga, Aguascalientes, así como por el Poder Ejecutivo del Estado de Michoacán, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), validó el Acuerdo del Poder Ejecutivo Federal por el que se dispone de la Fuerza Armada permanente para llevar a cabo tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria, publicado el 11 de mayo de 2020.
La asociación civil “México Unido” emitió un posicionamiento, en el que expresan su desacuerdo por la decisión de la Corte, argumentando que se validó el acuerdo “en un contexto caracterizado por completa opacidad sin hacer público ninguno de los proyectos a discutir y, además, desechó sin debate de fondo el reclamo de los gobiernos locales de que este decreto invadía competencias de los estados y municipios en materia de seguridad pública y transgredía su autonomía al subordinarlos a la fiscalización de las Fuerzas Armadas desplegadas en sus territorios para tareas de seguridad”.
En su comunicado detallaron que “a pesar de que ya se ha demostrado que la presencia de militares y marinos en tareas de seguridad pública no ha tenido efectos positivos en la reducción de la incidencia delictiva y la violencia; y que, sobre todo, han sido responsables de violaciones graves a los derechos humanos; la mayoría de las ministras y ministros de la Corte han fallado en posicionarse de manera contundente en contra de esta estrategia”.
Se enfatizó que en lo que va de este 2023 la SCJN ha resuelto 8 controversias y acciones de inconstitucionalidad de organismos de derechos humanos, representantes del Poder Legislativo, estados y municipios que han buscado frenar la militarización de la seguridad”.
Si bien, reconocieron que se han registrado avances importantes como el “retorno de la Guardia Nacional al control civil”, también afirmaron que pareciera que el pleno de la Corte no muestra voluntad real de “establecer los precedentes necesarios para imponer límites constitucionales al actuar de las Fuerzas Armadas”. Finalmente, llamaron a la ciudadanía a exigir a la Corte abra “espacios de diálogo ciudadano con participación amplia y democrática”.