Tras la detención del exprocurador General de la República, Jesús Murillo Karam el pasado viernes, el presidente Andrés Manuel López Obrador, garantizó la no repetición de hechos como los ocurridos el 26 y 27 de septiembre de 2014, fecha en que se registró la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa en Guerrero.
En conferencia de prensa matutina, el mandatario se refirió al informe que presentó la Presidencia de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa el pasado 18 de junio en Palacio Nacional, el cual cuenta con pruebas suficientes y se hizo público gracias a las indagatorias emprendidas durante la actual administración.
La Fiscalía General de la República, dijo, da seguimiento al caso de Ayotzinapa a través de la solicitud de órdenes de aprehensión al Poder Judicial. En tanto, los jueces serán encargados de impartir justicia con base en la evidencia.
El jefe del Ejecutivo reiteró que su gobierno transparenta información sobre asuntos de interés público y, al mismo tiempo, contribuye a castigar a los responsables de la desaparición de los estudiantes y del encubrimiento de hechos.
A su vez, enfatizó que las averiguaciones siguen abiertas bajo la política de cero corrupción e impunidad.
De acuerdo a investigaciones, Murillo Karam presuntamente es uno de los 33 exfuncionarios públicos implicados en la alteración de los hechos, ocasionando violaciones a los derechos humanos en materia de desaparición forzada durante la administración del expresidente Enrique Peña Nieto.
Durante las investigaciones realizadas en enero de 2015, Murillo Karam, aseguró que los 43 normalistas de Ayotzinapa “fueron privados de la vida, incinerados y que además sus cenizas fueron arrojadas al Río San Juan”, en Cocula.
En aquel entonces, Peña Nieto emitió un informe en el que decía que no existían pruebas de que autoridades locales o federales participaran en los sucesos del 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala.
Sin embargo, una investigación realizada por El Financiero, destaca que el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, puntualiza que fue “un crimen de Estado en el que concurrieron integrantes del grupo delictivo Guerreros Unidos y agentes de diversas instituciones del Estado mexicano”.
Uno de los puntos señalados fue que las autoridades federales y estatales del más alto nivel de ese entonces fueron “omisas y negligentes” con el caso.
Cabe señalar que la detención de Murillo Karam ocurre luego de que el Gobierno federal presentara las conclusiones preliminares de la investigación hecha sobre el paradero de los 43 estudiantes.
Ahora las investigaciones apuntan a que existen indicios suficientes para que la Fiscalía General de la Republica (FGR) continúe con las indagatorias para “deslindar responsabilidades”.