El lunes 21 de agosto, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), determinó reservar por cinco años los contratos del gobierno para adquirir los biológicos contra el Covid-19, argumentando de esta manera que podría representar un posible riesgo para la seguridad nacional.
De manera más específica, se dio a conocer que la Corte determinó que son fundados dos recursos de revisión en materia de seguridad nacional previstos en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, promovidos por la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, en contra de las resoluciones emitidas por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
Se explicó a través de un comunicado que en dichos recursos el “INAI ordenó a la Secretaría de Salud, entre otros aspectos, entregar la versión pública de los contratos de compra realizados con las farmacéuticas AstraZeneca, Serum, Pfizer, CanSinoBIO, Sinovac y Sputnik, así como con el mecanismo COVAX, mientras que los aspectos relativos a las condiciones esenciales de dichos contratos serían reservados por dos años”.
Dicho lo anterior, agregó en el mismo documento que se decidió que “esa información debía ser clasificada como reservada por un periodo de cinco años, sin que ello impidiera divulgar una versión pública en la que se apreciaran los aspectos que no fueron materia de la reserva o constituyeran información confidencial (datos personales y secreto comercial)”.
La Corte modificó las resoluciones del INAI, para considerar válida la entrega de los contratos señalados en formato de versión pública, pero modificando el periodo de reserva, para establecerlo en cinco años, esto aunado a que el “Pleno consideró infundados los argumentos de la Consejería recurrente, relativos a la entrega de información del mecanismo COVAX, pues al respecto existe una versión pública ya difundida, elaborada por la Secretaría de Relaciones Exteriores, la cual es exactamente igual a la ordenada por el INAI y, por tanto, los datos solicitados ya son públicos”.