El pasado jueves 24 de noviembre la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aprobó la eliminación de la prisión preventiva oficiosa para los delitos fiscales de contrabando, defraudación y compra y venta de facturas. Sin embargo, es importante aclarar que se rechazó el que la prisión preventiva oficiosa debe aplicarse en forma no automática, lo que ha causado una división de opiniones en el territorio mexicano.
El líder nacional de Morena, Mario Delgado, opinó que dicha decisión “destapa la puerta giratoria de la corrupción a gran escala a la que estaban acostumbrados los delincuentes de cuello blanco, y los alienta a vivir sin miedo a la justicia”. “La decisión de la SCJN solo la celebran los factureros y contrabandistas que en el pasado, impunes, vivían de defraudar a la hacienda pública. Por el traspatio la mafia del poder recupera los privilegios que con las reformas de la mayoría del pueblo perdieron. Es una regresión”, sostuvo el mismo.
Por otro lado la organización feminista Intersecta, afirmó que lo determinado desde la SCJN “viola los derechos humanos y es problemática por donde se le vea: desde la perspectiva de las víctimas, de las personas acusadas y de las instituciones de justicia”. Aunado a esto sostuvieron que “la decisión de la SCJN reitera que la prisión preventiva oficiosa no puede expandirse más allá de lo que señala la Constitución, lo que se suma a otros casos en los que se ha limitado lo más posible a la PPO. Sin embargo, el problema de fondo sigue”.
Con evidente rechazó a lo ocurrido, la misma organización declaró que “para recordar: la PPO es una medida punitiva que priva a las personas de su libertad de manera arbitraria”.