Organizaciones encabezadas por el Centro de Derechos Humanos “Fray Bartolomé de las Casas” (Frayba) sugirieron a la relatora especial de la Organización de las Nacionales Unidas sobre Derechos Humanos de los Desplazados Forzados Internos, Cecilia Jiménez-Damary, que “recomiende y exija” al Estado mexicano que “se respeten los derechos colectivos de los pueblos indígenas, en particular lo referente al territorio y a la autonomía”.
Por igual, que implemente un mecanismo que garantice el respeto de principios rectores para los desplazamientos forzados, con medidas de sanción en caso de incumplimientos; cumplir con la Ley de Desplazamiento Forzado para el Estado de Chiapas; consolidar el programa estatal, con perspectiva de género y niñez, para atender y prevenir el desplazamiento forzado en la entidad.
De igual forma, que impulse el funcionamiento y fortalecimiento de las Procuradurías de Protección Estatal y Municipal con perspectiva interseccional y de género, así como la capacitación de su personal y sensibilización en el caso de desplazamiento interno. También que la Comisión Estatal de Atención a Víctimas para Chiapas genere un registro de víctimas del desplazamiento forzado interno con enfoque diferenciado; que investigue y desarme a los grupos armados; además de que se consigne a los responsables de los heridos, asesinatos y desplazamientos forzados.
En el informe entregado a la funcionaria durante su visita que realizó la semana pasada por la entidad, distintas organizaciones, entre ellas Cáritas, Melel Xojobal AC y el Servicio Internacional por la Paz, le sugirieron que “recomiende y exija” que se garantice la integridad física y la protección de las personas defensoras que acompañan a víctimas del fenómeno y que haya rendición de cuentas de parte de las fiscalías ante avances de acuerdo con la normativa vigente.
Información: Elio Hernández / Cuarto Poder