El pasado dos de octubre la R3D: Red en Defensa de los Derechos Digitales, ARTICLE 19 México y Centroamérica, y SocialTIC, en conjunto con Citizen Lab de la Universidad de Toronto, así como en colaboración con Animal Político, Aristegui Noticias y Proceso, publicaron la investigación “Ejército Espía”, en la que se expusieron tres casos de espionaje con el malware Pegasus durante la actual administración, esto en contra de periodistas y personas defensoras de derechos humanos en México. Se trata de Raymundo Ramos, Presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo; Ricardo Raphael, periodista y escritor, y un periodista más del medio de comunicación Animal Político.
A través de un comunicado publicado por Artículo 19, se enfatizó que los hallazgos claramente “contradicen las múltiples y reiteradas promesas del presidente de la República de que en su gobierno no se contratarían sistemas de espionaje ni se usarían en contra de periodistas y personas defensoras de derechos humanos”.
Cabe mencionar que se plantean dos posibles hipótesis. En un primer escenario se plantea el que el mandatario federal, Andrés Manuel López Obrador, haya mentido al pueblo mexicano, mientras que en una segunda posibilidad se plantea el que las “fuerzas armadas espían a espaldas del presidente y desobedecen la orden directa de su comandante supremo”.
Sin embargo, en cualquiera de los dos escenarios se podría observar una “demostración de que las promesas y las palabras son insuficientes para evitar que los sistemas de inteligencia sigan siendo utilizados sin ningún control democrático y en contra del pueblo de México”.
En medio de un sinfín de advertencias por la militarización del país, la misma fuente señaló que el informe que salió a la luz deja al descubierto “que las tesis sobre las que descansa el impulso de la militarización en México son falsas”. Además, insistieron en que los hechos no deben caer en la impunidad, por lo que expresaron que es necesario el que se llegue al fondo de la verdad, para esclarecer “cuántas personas han sido espiadas, qué funcionarios participaron o tenían conocimiento y cómo ha sido utilizada la información obtenida, incluyendo con quién ha sido compartida”.
En el mismo comunicado, afirmaron que ya se presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) por la intervención ilegal de comunicaciones privadas, esto a pesar de que expresaron su falta de confianza en que la FGR conduzca las investigaciones con independencia y profesionalismo.
Ante el delicado escenario al que se enfrentan los periodistas y personas defensoras de derechos humanos, las siguientes fueron las peticiones que le realizaron a las autoridades mexicanas:
- Como primer punto exigieron al gobierno federal “garantizar la seguridad e integridad personal de las personas espiadas con Pegasus y de sus familias, así como de las personas que han participado en la investigación de estos hechos, y de las organizaciones y medios que desarrollaron esta investigación.
- También, solicitaron que se garantice la verdad, justicia y la ausencia de impunidad mediante el establecimiento de un mecanismo independiente e internacional de investigación sobre el espionaje ilegal cometido en gobiernos anteriores y en el actual. Específicamente a la FGR le pidieron que lleve a cabo una investigación profesional e imparcial orientada a identificar todos los autores materiales e intelectuales del espionaje ilegal en los gobiernos anteriores y en el actual.
- En tanto, urgieron al Congreso garantizar la no repetición del espionaje ilegal mediante una agenda de reforma legal e institucional que impida de manera verificable el abuso de los sistemas de inteligencia del país. Este proceso debe ir acompañado de sociedad civil, para asegurar el apego a los más altos estándares de derechos humanos.
- Mientras tanto al Senado, se le hizo un llamado a suspender el proceso de aprobación de la extensión constitucional a la presencia de las fuerzas armadas en tareas de seguridad, especialmente mientras no sean esclarecidos los casos de espionaje denunciados.