Según el último informe del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), basado en datos del Sistema Nacional de Información del Agua, el uso del agua en México revela un panorama preocupante. Del total de agua concesionada, el 76% se destina a la agricultura y la ganadería, siendo crucial para la producción de alimentos destinados al consumo humano y forrajes.
El abastecimiento público, abarcando el uso doméstico y las necesidades de empresas, comercios y servicios conectados a la red de suministro, representa el 15% del uso del agua. Por otro lado, la industria autoabastecida, que extrae directamente de fuentes como ríos, arroyos, lagos y acuíferos, consume el 5%. Además, las termoeléctricas utilizan el 4% del recurso hídrico para la generación de energía eléctrica.
Esta distribución del agua refleja una dependencia significativa en sectores esenciales para la economía y el bienestar social, pero también expone la vulnerabilidad frente a la escasez. Se estima que la situación empeorará debido a la sequía y la falta de lluvias. Se proyecta que los 10 mil metros cúbicos de agua disponibles por habitante en 1960 se reduzcan a 3 mil metros cúbicos para 2030.
Ante esta realidad, es imperativo emprender acciones concretas que contribuyan a la conservación del agua. La implementación de políticas de gestión sostenible, la promoción de prácticas agrícolas eficientes en el uso del recurso hídrico y la inversión en tecnologías de reciclaje y reutilización son algunas de las medidas urgentes que deben ser consideradas.
La preservación del agua no solo es vital para garantizar la seguridad alimentaria y el desarrollo económico, sino también para proteger los ecosistemas acuáticos y asegurar el acceso equitativo al recurso para las generaciones futuras. Enfrentar el desafío de la escasez de agua requiere un compromiso colectivo y acciones concretas a nivel gubernamental, empresarial y comunitario.