En la Cámara de Diputados avanza favorablemente la “Ley 3 de 3”, y es que la Comisión de Puntos Constitucionales discutió y aprobó el decreto que modifica los artículos 38 y 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de suspensión de derechos para ocupar un cargo, empleo o comisión de servidor público.
La promovente de la iniciativa, la diputada por Chihuahua, Lilia Aguilar Gil (PT), enfatizó que el objetivo es erradicar cualquier tipo y modalidad de violencia contra mujeres en razón de género. Además, señaló que el propósito es que los derechos de quienes aspiran a una candidatura se suspenderán, esto en caso de que se compruebe que hayan sido condenados o sancionados por conductas de violencia familiar y/o doméstica o cualquier agresión de género en el ámbito privado o público, por delitos sexuales, contra la libertad sexual o la intimidad corporal o como persona deudora alimentaria morosa.
“Elevar a rango constitucional la medida ‘3 de 3 contra la violencia’ representa un avance significativo en la lucha por erradicar las agresiones contra las mujeres; es un progreso para la sociedad, en general, ya que ayudará no solamente a las mujeres de este país y sus hijos, nos ayuda a todos”, externó la diputada.
Aunado a esto, la congresista recalcó que dicho mecanismo surge de una “petición firmada por legisladoras federales, locales, organizaciones feministas, activistas de derechos humanos, ciudadanas, reconoce no solamente la violencia contra la vida y derechos fundamentales en todos los ámbitos, sino que sus generadores, hombres y mujeres, finalmente tendrán que incluirse en la sociedad de una manera más amable”.
Lilia Aguilar Gil, sostuvo que “es crucial que agresores, hombres y mujeres, no lleguen a puestos de representación y estén en la toma de decisiones con esa concepción del mundo violento y que pasa por encima de las personas. Cerrarles la puerta, insisto, es un paso fundamental para la evolución de la sociedad mexicana”. Este dictamen ya fue enviado a la Mesa Directiva para que sea votado por el Pleno de San Lázaro.