A pesar de que la cancillería de Perú a través de un comunicado había dado a conocer que “las expresiones de las autoridades mexicanas constituyen una injerencia en los asuntos internos del Perú, y no resultan consistentes con los acontecimientos que se han sucedido en días recientes”, nuevamente diversos países, incluido México, abogaron por revertir la reciente destitución del presidente de Perú, Pedro Castillo.
A través de una declaración conjunta, los gobiernos de la República de Colombia, de los Estados Unidos Mexicanos, de la República Argentina y del Estado Plurinacional de Bolivia, externaron su preocupación por los sucesos que “resultaron en la remoción y detención de José Pedro Castillo Terrones”.
En el documento resaltaron que “para el mundo no es novedad que el presidente Castillo Terrones, desde el día de su elección, fue víctima de un antidemocrático hostigamiento, violatorio del artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Pacto de Costa Rica, aprobada el 22 de noviembre de 1969, para luego ser objeto de un tratamiento judicial de la misma manera violatorio del artículo 25 de la mencionada convención”.
Los gobiernos hicieron un llamado a “los actores involucrados en el anterior proceso para que prioricen la voluntad ciudadana que se pronunció en las urnas. Es la manera de interpretar los alcances y sentidos de la noción de democracia recogida en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos”. Aunado a esto, exhortaron “a quienes integran las instituciones de abstenerse de revertir la voluntad popular expresada con el libre sufragio”.
Dirigiéndose a las autoridades de Perú, les solicitaron que “respeten a cabalidad los derechos humanos del presidente Pedro Castillo y que se le garantice la protección judicial en los términos consagrados en el artículo último citado”.