En relación al caso del deceso del estudiante de la Universidad de Guanajuato, Ángel Yael, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), emitió una recomendación a la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana federal, esto tras confirmar que sí hubo un “uso excesivo de la fuerza que derivó en violaciones al derecho a la vida de la víctima mortal y a la integridad personal de las otras tres víctimas, ya que se advirtió que los elementos de la GN no actuaron de acuerdo a los principios contenidos en la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la Ley de la Guardia Nacional, ni acorde a lo establecido en los principios comunes y esenciales que rigen el uso legítimo de la fuerza y de las armas de fuego”.
A la SSPC se le solicitó colaborar en el proceso legal para deslindar responsabilidades a las personas involucradas. Mediante la recomendación 80VG/2022, se detalló que el 27 de abril del año en curso se dio paso a una investigación ligada a la violación de derechos humanos de cuatro jóvenes, que al estar ante elementos de la Guardia Nacional, estos últimos se presume que “descendieron y comenzaron a disparar en su contra. Una de las víctimas recibió un disparo en la cabeza y falleció al momento, otra fue herida en el hombro derecho”.
La CNDH “concluyó que el uso de la fuerza fue ilegal dado que no se encontraban ante una amenaza real e inminente que ameritara el uso de sus armas letales para salvaguardar su vida e integridad, tampoco los jóvenes opusieron resistencia, mucho menos agresiones. Por el contrario, se acreditó que los elementos de la Guardia Nacional dispararon de inmediato”, comunicaron en el documento.
El mismo organismo externó que los hechos fueron “violaciones graves dadas las vulneraciones a los derechos humanos a la vida, integridad personal y seguridad jurídica de las víctimas, el impacto social y las afectaciones causadas a los familiares de la persona que murió, aunado al impacto al núcleo familiar y proyecto de vida de otra estudiante quien resultó lesionada, así como el daño causado a las otras dos víctimas”.
Por lo anterior la “CNDH recomendó a la Guardia Nacional inscribir en el Registro Nacional de Víctimas a las cuatro personas cuyos derechos se violentaron, así como a las siete víctimas indirectas, y proceder a la inmediata reparación integral del daño que incluya la medida de compensación. Además, que se les otorgue la atención médica integral, psicológica, tanatológica y de rehabilitación, según corresponda a cada una de ellas”.