En relación a la investigación por el caso “Pegasus”, la Fiscalía General de la República (FGR) anunció que se cuenta con dos carpetas de investigación. La primera por peculado, fraude equiparado y asociación delictuosa en su adquisición, mientras que la segunda carpeta de investigación es por intervención ilegal de comunicaciones privadas en perjuicio de periodistas y defensores de Derechos Humanos.
En más detalles del caso en el que distintos activistas y periodistas de México han denunciado que el programa de espionaje Pegasus fue utilizado por autoridades, así como por el Ejército en su contra durante la administración del ex presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, aunado a que también hay quejas en este sexenio, la FGR explica que se está investigando “la adquisición por parte de la entonces Procuraduría General de la República, durante el sexenio anterior, del equipo de inteligencia PEGASUS, por la cantidad de $456,843,149.00 pesos”. De la adquisición, señalaron que se evadieron “procedimientos de licitación pública, así como el uso irregular de la partida de Gastos de Seguridad Pública y Nacional”.
Dentro de la misma investigación advirtieron que se han identificado “un concurso de delitos consistentes en peculado, fraude equiparado y asociación delictuosa; y cuyos presuntos responsables fueron Tomás “Z”, Director en Jefe de la Agencia de Investigación Criminal de la Procuraduría General de la República, así como otros servidores públicos que, por razón de secrecía y viabilidad procesal, no se identifican en este momento”. Actualmente se está gestionando la solicitud de orden de aprehensión contra quien proceda, así como las pautas para ejercitar acción penal.
Por otro lado del delito de intervención ilegal de comunicaciones privadas en perjuicio de diversos periodistas y defensores de derechos humanos, en el se ha señalado a Juan Carlos “N”, por su probable responsabilidad, esto como coautor material de dicho hecho delictivo, externaron que “se solicitó aplicación de la agravante prevista en artículo 51 del Código Penal Federal, que establece que la pena se incrementará cuando el delito se comete en contra de la libertad de expresión”.
Cabe mencionar que desde el pasado primero de noviembre del 2021, se cumplimentó la orden de aprehensión en contra de Juan Carlos “N”, por lo que fue puesto a disposición de la autoridad judicial. Posteriormente, el 6 de noviembre de dicho año, el Juez de Control determinó vincular a proceso al imputado, así como también la medida cautelar de prisión preventiva justificada, por existir riesgo de fuga y posibilidad de intervención en el desarrollo de las investigaciones.
Finalmente, añadieron que ya “se han presentado ante la autoridad judicial, las notas de prueba que señalan que la empresa NSO Group vendía ilegalmente el sistema “PEGASUS” mientras que, al mismo tiempo, lo utilizaba por su cuenta para entregar la información a otras personas”.