Fue con 419 votos a favor, cero en contra y 23 abstenciones, que la Cámara de Diputados aprobó el dictamen que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal y de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, para castigar el uso indebido de aeronaves pilotadas a distancia.
El documento que ya fue enviado al Senado de la República para sus efectos constitucionales, tiene su origen en una iniciativa presentada por el titular del Ejecutivo Federal el 1 de agosto de 2023.
Con lo anterior, se busca imponer una pena de prisión de diez a veinte años a quien mediante el uso de aeronaves pilotadas a distancia arroje cualquier objeto o artefacto explosivo, artefactos explosivos improvisados o armas, así como sustancias químicas que por sí solas o combinadas sean susceptibles de ser empleadas como explosivos sobre otras personas o bienes, e impacte a alguna persona o propiedad, con el propósito de causar daño.
Además, el documento señala que cuando la persona o el bien afectado pertenezca o esté destinado a las Fuerzas Armadas o de seguridad pública, la pena establecida aumentará hasta en una mitad.
Se detalla que se aplicará pena de prisión de cinco a diez años a quien importe, manufacture, arme, adquiera o adapte aeronaves pilotadas a distancia para el transporte de artefactos explosivos, artefactos explosivos improvisados, armas, narcóticos, drogas sintéticas o demás materiales regulados por la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.
En tanto, a quien utilice aeronaves pilotadas a distancia equipadas con dispositivos que permitan fotografiar o realizar grabaciones de audio o video, de forma física o empleando medios electrónicos, para vigilar actividades de personas servidoras públicas, con la finalidad de conocer o reportar su ubicación para evadir su acción o ejecutar agresiones en su contra, se impondrá pena de tres a diez años de prisión, decomiso de los aparatos, equipo y objetos producto del delito, y multa de 50 a 400 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA).
Cabe destacar que los registros de las Fuerzas Armadas, exponen que en México se han realizado más de 600 ataques con drones equipados con explosivos, la mayoría de estos han ocurrido en los estados de Guerrero, Michoacán y Tamaulipas.