México requiere expandir los programas públicos enfocados al campo hacia un mayor número de productores agrícolas, especialmente los del sur del país donde están los pequeños, además de poner más atención a los precios de garantía para evitar generar dependencia o políticas clientelares, se establece en un estudio presentado por investigadores de la Facultad de Economía (FE) de la UNAM.
Luis Fernando González Martínez y Roberto Iván Escalante Semerena, especialistas de esa entidad académica, dieron a conocer una investigación en la revista EconomíaUNAM y en el Seminario de Economía Agrícola “Los desafíos de la seguridad alimentaria en México en el contexto pospandémico”, en la cual se deja en claro que de no garantizar la aplicación de estas medidas es posible caer en escasez de alimentos básicos.
Los expertos analizaron los resultados de las políticas implementadas durante el periodo 2010-2019, a través de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, los cuales ponen en evidencia la importancia que tienen factores como el dinero destinado, área de trabajo, número de apoyos, productividad y sequía sobre el volumen generado y el valor de la producción de los bienes agrícolas.
González Martínez, también especialista del área de Educación Continua del Instituto de Investigaciones Económicas, precisó que las políticas implementadas durante los últimos años solo han acentuado la desigualdad regional al no tomar en cuenta que más de 70 por ciento de las unidades de producción rural es atendido por pequeños productores, campesinos e indígenas que apenas poseen superficies menores o equivalentes a cinco hectáreas.
Esta realidad es desfavorable para las necesidades de consumo del país, ya que decrece la seguridad alimentaria al no garantizar acceso físico o económico a los alimentos, porque existe dependencia de la importación para el abastecimiento de productos básicos, indicó.
Organismos como la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) señalan que un país debería importar, como máximo, 25 por ciento de los alimentos que se consumen; sin embargo, México adquiere del extranjero más de 43 por ciento de productos básicos: maíz, soya, frijol, manzana, etcétera, considerados estratégicos para la soberanía alimentaria y que en numerosas ocasiones se destina para autoconsumo, argumentó.
A lo anterior, dijo, se suma que las estrategias para mitigar este efecto se han concentrado en pequeños subsidios para los productores, a fin de especializarse en cultivos de alto valor agregado; no obstante, esto propició que cerca de 10 por ciento de ellos concentre la mayor parte de recursos agrícolas.
La nueva política de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural está enfocada en los subsidios, con el objetivo de apoyar a la población rural más pobre ya que el problema del campo en México ha sido la consistente pobreza debido a la baja productividad y acceso a la protección social, como es el caso de las trabajadoras quienes solo 28 por ciento percibe un ingreso, señaló.
En cambio, si los precios de garantía son altos el sector agrícola no sería competitivo, pues una buena política en la materia toma en cuenta factores de relevancia como el calentamiento global y cambio climático, fenómenos ligados a la producción tradicional, precisó González Martínez.