El 7 de junio, el diputado Manuel Alejandro Robles Gómez y organizaciones de migrantes en Estados Unidos informaron que promueven un boicot en rechazo a la ley antiinmigrante que impulsó el gobernador del estado de Florida, Ron DeSantis.
El legislador informó que hará un llamado a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) para que se pueda iniciar una investigación de “la gestión que está haciendo el Consulado en Florida con una empresa que se llama Big Force”, empresa estadounidense que recluta jornaleros para otorgar visas de trabajo, en donde presuntamente se detecta un tema de “tráfico de personas”. Además, adelantó que se evaluará presentar una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR).
“Hay una trama de tráfico de personas con fines de explotación esclavismo donde está habiendo una coadyuvancia de funcionarios y habría que investigarla (…) Eso no lo vamos a tolerar, no lo vamos a permitir y menos que pase con la Cuarta Transformación y tenemos regiones muy focalizadas de donde están llevándose a los trabajadores que son Acapulco, Guerrero; en Apodaca, Nuevo León y en Ixmiquilpan, Hidalgo”, fueron las declaraciones exactas de Robles Gómez.
Manuel Castro Revueltas, vocero de la Coalición de Migrantes Mexicanos, señaló que el boicot que promueven diversas organizaciones de diferentes partes de Estados Unidos, consiste en evitar consumir productos de Florida. Además, hizo un llamado a la ciudadanía a sumarse al boicot. Por su parte, la representante de la organización Comunidad en Retorno, Verónica Gálvez Pérez, solicitó apoyo con la Apostilla Doble Nacionalidad para que las y los hijos de migrantes puedan acceder a los beneficios de la ciudadanía mexicana y resaltó la necesidad de discutir una iniciativa para crear una ley de retorno y se brinde atención integral a los connacionales que regresan a nuestro país.