El asesinato a balazos de las perras Buba y Canela, cometido la noche del miércoles 9, podría provocar la destitución del puesto y el enjuiciamiento penal del presidente municipal de Tangancícuaro, David Melgoza Montañez, un médico con formación militar que llegó al poder postulado por el partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena).
El asunto, que en pocas horas se convirtió en tema viral en las redes sociales, obligó al propio alcalde a organizar una rueda de prensa en la que aceptó haber disparado contra las dos cachorras, aunque aseguró que su intención “nunca fue lastimar a las mascotas por el hecho de ser mascotas, lo que hice fue defender a mi familia”.
Desde la noche previa, el propietario de las perras, de nombre Roberto Armando, había denunciado a través de un video que él vio cuando el munícipe mató con una pistola a Buba y Canela y se alejó acompañado de dos guardaespaldas.
El suceso generó la inconformidad de habitantes que, con el propósito de exigir justicia y la renuncia del alcalde, realizaron una protesta frente al Palacio Municipal, portando pancartas y gritando consignas como “¡Asesino!”, “¡El pueblo no te quiere!”, “¡Fuera el presidente!”, “¡Que renuncie!”. Asimismo, convocaron a otra manifestación que se realizará este viernes 11 en la plaza principal de Tangancícuaro, precisamente durante el Segundo Informe de Gobierno de Melgoza Montañez.
Con motivo de los hechos, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) anunció la mañana de este jueves el inicio de una queja de oficio en contra del presidente municipal como autoridad responsable, luego de las denuncias difundidas en redes sociales “evidenciando que presuntamente acribilló a un par de perros de compañía, por estar afuera de su casa”.
El organismo humanitario informó que a través de la Visitaduría Regional de la ciudad de Zamora ha dado puntual seguimiento a las manifestaciones y protestas ciudadanas en exigencia de justicia para las dos mascotas victimizadas, que todavía no habían cumplido un año de edad.
“De igual forma se dará vista a la Fiscalía General de Michoacán para que investigue los hechos ante la probable comisión de delito, ya que el maltrato animal se encuentra penalizado en nuestra entidad”, señaló la CEDH.