Desde el pasado 19 de agosto, la Fiscalía General de la República (FGR), informó que se cumplió con “la orden de aprehensión solicitada por esta Institución y otorgada por el Juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México, con sede en el Reclusorio Norte, en contra de Jesús “M”, quien fuera Procurador General de la República, por los delitos de desaparición forzada, tortura y contra la administración de justicia, en el caso Ayotzinapa”.
Posteriormente, a través de un comunicado expusieron que “el Juez Segundo de Procesos Penales Federales en el Estado de México, con sede en Toluca, libró 83 órdenes de aprehensión contra 20 mandos militares y personal de tropa del 27 y 41 batallones en la ciudad de Iguala, así como a cinco autoridades administrativas y judiciales del estado de Guerrero; a 26 policías de Huitzuco; seis de Iguala y uno de Cocula; más 11 policía estatales de Guerrero y 14 miembros del grupo criminal Guerreros Unidos”.
Especificaron que “todos ellos vinculados con lo ocurrido en la ciudad de Iguala, Guerrero, el 26 y 27 de septiembre de 2014, y fechas posteriores. Los delitos por los que se libraron las órdenes de aprehensión son por delincuencia organizada, desaparición forzada, tortura, homicidio y delitos contra la administración de justicia”.
En tanto, Amnistía Internacional, también emitió un pronunciamiento al respecto. Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, declaró que: Tras casi ocho años de lucha por la verdad y la justicia en el caso de los estudiantes de Ayotzinapa, los avances mostrados confirman, una vez más, que hubo una política intencional de encubrimiento y obstrucción de la justicia por parte de las autoridades bajo el gobierno de Enrique Peña Nieto. El devastador informe de la Comisión para la Verdad, que concluye que la persecución y desaparición forzada de los jóvenes fue un crimen de Estado, debe ser una ruta para continuar con el esclarecimiento de los hechos, la localización de los jóvenes estudiantes y la garantía de no repetición con políticas integrales encaminadas a atender la profunda crisis de personas desaparecidas en México”.