Casi tres de cada cuatro niños de dos a cuatro años sufren castigos corporales o violencia psicológica con regularidad por parte de sus padres, cuidadores o tutores; en tanto que una de cada cinco mujeres y uno de cada 13 hombres declaran haber sufrido abusos sexuales entre los cero y 17 años, según la Organización Mundial de la Salud.
La coordinadora de la Línea de Investigación Institucional “Promoción y Protección de los Derechos de la Infancia, Elisa Ortega Velázquez, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, afirma que la niñez y las juventudes son poblaciones en condiciones de gran vulnerabilidad, porque por la edad las personas adultas creen que pueden disponer de ellos como si fueran cosas.
Con motivo del Día Internacional de la Lucha contra el Maltrato Infantil -que se conmemora el 25 de abril- la especialista universitaria explica que supone cualquier forma de abuso o desatención que afecte a niños, niñas y adolescentes, que son todas las personas menores de 18 años, de acuerdo con el artículo 1º de la Convención sobre los Derechos del Niño.
Incluye maltrato físico, psicológico, abuso sexual, desatención, negligencia en el cuidado y explotación comercial que pongan en peligro su salud, desarrollo o dignidad; en suma, su supervivencia.
El maltrato infantil, agrega la experta, es un problema mundial con consecuencias graves para quienes lo sufren y que pueden durar toda la vida; el adultocentrismo es uno de sus detonantes.
Considerar a niños, niñas y adolescentes como objetos de representación, de protección y cuidado los invisibiliza en el ámbito social y ocasiona que se les nieguen sus garantías y, además, permite ejercer malos tratos sobre ellos.
La también coordinadora del Seminario Estudios Críticos del Derecho y Migraciones explica que las consecuencias del maltrato infantil pueden ser diversas y durar toda la vida. Por ejemplo, los más pequeños pueden adolecer traumatismos cráneoencefálicos o adquirir alguna discapacidad.
Asimismo, hay consecuencias que se pueden arrastrar a otras etapas de su vida, como estrés postraumático, ansiedad, depresión, problemas con consumo de alcohol, tabaco, así como enfermedades de transmisión sexual, entre otras.
México cuenta con la normatividad para atender el fenómeno, pero hay problemas para aterrizarla a la realidad, en políticas públicas a favor de la niñez y las juventudes, sostiene la especialista.
La Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes -vigente a partir de 2014- está armonizada con la Convención sobre los Derechos del Niño, que es el tratado internacional de derechos humanos más importante en la materia y que rompe con el paradigma adultocéntrico que ha regido históricamente el tratamiento de la niñez.
Dicha Ley también parte de este enfoque y establece una protección reforzada para quienes se encuentran en alguna situación extra de vulnerabilidad, por ejemplo, en razón de la condición de movilidad, presentar alguna discapacidad o ser integrantes de pueblos originarios, entre otros.
La también integrante del Sistema Nacional de Investigadores puntualiza que se requieren recursos para construir los Centros de Asistencia Social, donde se aloja a niños en contextos de movilidad sin cuidado parental mientras transcurre su procedimiento administrativo migratorio.