En este contexto, consideró que, por las movilizaciones y actos cometidos por los normalistas de la Escuela Normal Mactumatzá, deben conducirse dentro del límite de la legalidad, sin violentar, sin intimidar a la sociedad.
Dijo que, la afectación a la sociedad, a los comercios es real, lo que se traduce en un grave daño a la ciudadanía, no únicamente al empresario que es dueño del establecimiento, pues existe personas familias, que dependen de su funcionamiento para preservar su fuente de empleo”. Los empresarios consideran que, en la conducta de cualquier grupo manifestante debe prevalecer la civilidad, “pero también pedir al gobierno del estado hacer lo que tenga que hacer para controlar este tipo de situaciones para que no se salgan de control o se vuelvan una escalada de violencia”.